Pocos empresarios de la
comunicación se han
percatado que nuevamente
intentan los gobernantes amagar a
la prensa detrás de declaraciones
que se oyen melódicas ajenas
o con argucias de cambios del
gobierno sea nuevo o ya a mitad
de su mandato. Aunque es una
vieja pugna entre políticos y
comunicadores, hay dos casos
estatales que en este momento
están avanzando en Chihuahua
así como en Tabasco, que pudiera
replicarse en otras entidades.
En mi experiencia como
consultor de comunicación
política me he topado con la
misma variable de los candidatos
y posteriormente gobernantes
o legisladores: su especialidad
profesional se convierte en su
flagelo, que en muchas ocasiones
por ahí entra su propio desgaste en
la opinión pública -con honrosas
excepciones-, es decir, los abogados
tienen serios problemas de
relación con las legislaciones, los
empresarios se les “cae” la atracción
de inversiones, pero los peores son
los comunicadores que terminan
peleados con su propio gremio.
En este momento, el otrora
periodista Javier Corral tras anunciar
en junio de 2018 la introducción
del proyecto de Ley de Publicidad
Oficial argumentando que busca
transparentar, regular y dar criterios
objetivos a la asignación de recursos
públicos a la publicidad oficial,
utilizando la potente narrativa –muy
buena, por cierto- como “la ley de
publicidad más avanzada y valiente
del país”, pretende que sea aprobada
por el Congreso del Estado al cierre
del periodo en diciembre de 2019.
Dicha ley establece que antes de
la compra de cualquier espacio será
un comité de compras que decida
atrayendo información vigente
tanto a la Servicio de Administración
Tributaria (SAT), como al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
con lo que suplantaría atribuciones
de esas dos dependencias sobre
fiscalización y regulación de pagos;
además que aletargará el proceso
burocrático. Afortunadamente
dejé la dirección de comunicación
social en 2002, pero no me imagino
el poco margen de maniobra que
tendrá el jefe de prensa en cualquier
crisis que se afronte en el día a día
del gobernante.
Esta Ley Corral tiene una
similitud en la política de
comunicación social que en
intención tiene Adán López,
gobernador de Tabasco, como
espejo al diseño de Jesús
Ramírez, coordinador general de
Comunicación Social del Gobierno
de la República: Empresas de radio,
televisión y medios impresos. Es
decir, no entrarán periodistas
independientes, compradores de
espacios, o personas físicas ante
el SAT. ¡Qué irónico! Una de las
periodistas con mayor influencia
nacional -nacida en Parral- mi
querida Fernanda Familiar con su
importante empresa no pudiera
comprar un espacio en su natal
Chihuahua sin que pueda ser
meritoria de conseguir publicidad
oficial del gobierno chihuahuense.
La Cámara de la Industria de
la Radio y Televisión (CIRT) en
Chihuahua estima que al entrar en
vigor la Ley Corral aproximadamente
se quedarán sin empleo mil 200
trabajadores de la comunidad
comunicadora. Hasta hace poco
asesoré a ese gremio en Tamaulipas
por lo que sé lo preocupante que
resultan cambios tan drásticos a
las políticas públicas, así como las
repercusiones en las que puede
derivar. ¿Y tú, qué opinas?
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