La discusión sobre el megaproyecto podría convertirse en el primer episodio en el que se aproveche la nueva realidad descentralizada, para construir una mejor dinámica en términos de comunicación, diálogo, organización social y construcción de acuerdos
El primer día del año, al conmemorar el 26 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el comandante Moisés reiteró, por segundo año consecutivo, el rechazo de los zapatistas al Tren Maya propuesto por el gobierno federal en el sureste del país. Su expresión fue contundente al decir que, de ser necesario, defenderían sus tierras con la vida. En respuesta, el presidente López Obrador consideró que la advertencia del EZLN es “mucha propaganda y mucha carga ideológica” que no corresponde con la realidad.
El reclamo del Ejército Zapatista surge semanas después de que, a mediados del mes de diciembre, se realizara una consulta sobre la realización del megaproyecto. Las fuentes oficiales concluyeron que el 92.3% de los participantes votó por el “Sí” y 7.4% por el “No”. López Obrador señaló que las comunidades indígenas y la población en general de los estados por donde pasará el Tren Maya respaldaron mayoritariamente dicho proyecto. Adicionalmente, informó que la primera licitación se realizará en la primera semana de enero, para las zonas donde ya existe vía, y para finales de marzo o principios de abril estarán comenzando las obras.
La incursión del EZLN ha dejado claro que el asunto involucra diversas variables, como la indígena, la ambiental e, incluso, la geoestratégica, dadas las posibles inversiones chinas. A la par, el Congreso Nacional Indígena ha señalado que su plan de resistencia contra los “megaproyectos” combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos. Es claramente previsible que la polémica seguirá latente.
Sin embargo, por encima del desencuentro, el episodio abrió interesantes áreas de oportunidad. La discusión sobre el megaproyecto podría convertirse en el primer episodio en el que se aproveche la nueva realidad descentralizada, para construir una mejor dinámica en términos de comunicación, diálogo, organización social y construcción de acuerdos.
Desde hace varios años, en México y en el mundo, la política, la economía y los procesos sociales se encuentran inmersos en una transformación cuyas dimensiones aún no entiende ni logra asumir el gran grueso de la sociedad. Las implicaciones del cambio tecnológico son profundas.
Hoy, contrario a su condición preponderante previa, los actores tradicionales han disminuido progresivamente su capacidad de influencia. En cambio, existe una mayor capacidad de acción por parte de un sinfín de nuevos actores. La eliminación de barreras para una comunicación fluida entre grupos e individuos, así como la flexibilidad para articular rápidamente nuevos procesos de organización, implican un momento de desequilibrio continuo respecto a los patrones de “estabilidad” previamente concebidos. Da la casualidad de que, hace 26 años, el EZLN fue un pionero de esta nueva dinámica frente al Estado mexicano.
Hasta hoy, lo que hemos visto es una discusión tradicional entre autoridades y un segmento de la sociedad. Existe el riesgo de que, por primera vez en el sexenio, el actual gobierno se enfrente contra un adversario cuya narrativa sea mucho más persuasiva, potente y dinámica: la de los “verdaderos indígenas” o la de la “verdadera oposición de izquierda”.
Sin embargo, también se presenta la oportunidad de construir un amplio proceso de discusión y diálogo, que se ponga por encima de la dinámica polarizante del “conmigo o contra mí”. Temas como el medio ambiente o el indigenismo son verdaderos espacios de construcción horizontal. Más allá de una simple consulta, Lopez Obrador puede aprovechar para ejecutar acciones sin un comando vertical definido y tejer decisiones de carácter descentralizado con las propias comunidades indígenas.
Se puede aprovechar la propuesta del Tren Maya como un pretexto para alcanzar un objetivo superior que vaya más allá: ejercer el poder mediante las capacidades sociales y políticas descentralizadas que se han ido generando en el país y, en particular, en ese territorio del sureste a lo largo de más de dos décadas. Aquí es donde el gobierno puede dar un paso trascendente: decidir, ejecutar y supervisar, de la mano de los indígenas, profundizar la transformación de conciencia y poner la primera piedra para la sociedad horizontal que estamos convocados a ser. Feliz inicio de 2020.