La situación de México frente a la migración
centroamericana es perder
o perder, no importa qué haga. En el
ajedrez se le conoce como zugzwang, al
escenario en que todo siguiente movimiento
provoca un daño. El gobierno
mexicano afronta su momento zugzwang
en la frontera guatemalteca, para regocijo
de los adversarios de la 4T.
Si quiere impedir el paso de las
caravanas procedentes de Honduras y El
Salvador que intentan ingresar masiva e
ilegalmente en territorio, será acusado por
la prensa crítica de ser un gobierno inhumano
y represor; si por el contrario, las
deja pasar será criticado por la incapacidad
de hacer cumplir la ley y garantizar la
integridad de la frontera; poco menos que
un primer paso hacia un Estado fallido.
Por lo demás, si una de estas caravanas
de dos o tres mil integrantes tiene éxito, el
efecto no hará sino multiplicar el problema
para convertirlo en endémico, dada
la situación de violencia y pobreza que
experimentan algunos países del Caribe y
de Centroamérica.
Las implicaciones geopolíticas serían
aún más graves. Podemos estar en desacuerdo
con las bravuconerías de Donald
Trump, y entender que ni la razón ni la
ética le asisten, pero eso no disminuye un
ápice la capacidad que tiene la Casa Blanca
para dañar la vida de los mexicanos si
se lo propone. El modelo de desarrollo
adoptado en las últimas décadas al amparo
del TLC, nos hizo sumamente vulnerables
al mercado estadounidense o a sus
cadenas de producción. Las decisiones
o represalias que el vecino pueda tomar
afectan a millones de trabajadores y miles
de empresas, por no hablar de la población
de escasos recursos que depende de
los envíos de dinero de los paisanos.
La lógica de Trump puede estar equivocada,
pero es su lógica. Asume que si
deseamos un tratado de libre comercio y,
por ende, incorporar el territorio mexicano
a una zona llamada Norteamérica,
tenemos obligaciones con respecto a
factores que amenazan al conjunto, entre
ellos la inmigración ilegal. El razonamiento
de los republicanos es torpe e injusta
pero categórica: si queremos pertenecer
al condominio horizontal, en el que se
encuentran Estados Unidos y Canadá, y
compartir espacios comunes, estamos
obligados a limitar quién y cómo pasa por
nuestro terreno. Permitir que México se
convierta en una coladera de vecinos que
no están incluidos en el condominio, por
así decirlo, a su juicio invalida las razones
para invitarnos. Desalmada y absurda,
pero es una realidad, nos guste o no. Es un
pensamiento que siempre ha estado allí,
solo que ahora domina en la Casa Blanca,
para desgracia del gobierno de la 4T.
No es un flanco abierto por el arribo de
López Obrador a la presidencia, por más
que sus adversarios intentan pasarle la
factura. Se nos ha olvidado muy pronto el
desinterés de gobiernos anteriores frente
a la tragedia humana que representaba el
abuso en contra de ese flujo de migrantes
a su paso por nuestro territorio: robos,
secuestros, violaciones, trabajos forzados
(incluso fosas comunes o el tren de la infamia
llamado La Bestia). Lo que no había
sucedido es que Washington asumiera el
tema prácticamente como una extorsión
con cargo a los acuerdos comerciales de
los que dependen tantos mexicanos.
El gobierno de AMLO buscó una solución
humanitaria de largo plazo proponiendo
una especie de Plan Marshall con
el propósito de atacar el problema de raíz
y propiciar el desarrollo de la región. A pesar
del escaso interés de Estados Unidos,
es una propuesta que nos dignifica. Las
políticas públicas que intentan promover
el crecimiento del sureste mexicano,
abandonado durante tantas décadas por
el espejismo del desarrollo en el norte, son
pasos correctos para intentar estabilizar
la zona.
Está bien trabajar el largo plazo, pero
es evidente que las caravanas migratorias
son una bomba inmediata. Dejarlas pasar
tiene un costo político enorme; detenerlas
entraña riegos brutales. Los críticos que
están a la caza de una imagen de abuso
que pueda desencadenar acusaciones de
represión son los mismos que crucificarían
al presidente si permitiera que miles
de ilegales penetraran impunemente en el
territorio.
El gobierno ha optado por movilizar a
la Guardia Nacional para impedir la invasión
masiva, al tiempo que ofrece agilizar
el proceso para tramitar un número de
visas por día para el ingreso legal de los
solicitantes. Se han acelerado los programas
para generar empleos en la región y
ofrecer así opciones a los que huyen de la
pobreza, aunque también eso es motivo
de crítica por considerar qué hay mexicanos
igual o más necesitados.
La situación es un barril de pólvora.
Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional
y los centroamericanos fácilmente
pueden derivar en violación de derechos y
en imágenes violentas; son personas que
se encuentran en situación desesperada
y no se descarta, aun cuando sean casos
excepcionales, que existan miembros de
la delincuencia interesados en provocar
incidentes que lleven a la represión y a la
consiguiente repulsa contra el operativo
de las autoridades. En los últimos días las
pedradas y las agresiones en contra de
miembros de la Guardia han provocado
exabruptos lamentables.
No hay salidas para este conflicto. El
gobierno simplemente espera disuadir
la formación de otras caravanas, librar
la coyuntura sin que un derramamiento
de sangre provoque una crisis y evitar
que Trump y sus secuaces utilicen una
presunta porosidad mexicana como un
pretexto para ejercer represalias. De lo que
no podrá librarse es de que columnistas y
prensa crítica lo acusen de ser un gobierno
represor e inhumano si los detiene y de
incapaz y blandengue si los deja pasar.