Aunque no fue el primer caso, el
pasado 10 de enero un adolescente
de 11 años se vistió con ropas
copiadas de la masacre de Columbine de
1999 en los EE. UU., llegó con dos pistolas
a su escuela, pidió ir al baño y al salir
disparó a dos profesores y a sus compañeros,
mató a su maestra y se suicidó.
El caso impactó a la sociedad mexicana,
pero ocurrió en el contexto de una
lucha de 34 años del Estado contra las
bandas del crimen organizado. De 1997
al 2018 se han registrado en México 363
mil homicidios dolosos acreditados a
actos delictivos. Pero más que el número
de asesinados, lo que llama la atención
es el hecho de que los cárteles del crimen
organizado tienen presencia en toda la
república, controlan más del 10% de los
municipios y han capturado a partes
importantes del Estado.
México se encuentra en una zona de
violencia que el Estado no puede controlar.
La crisis de los cárteles comenzó
en mayo de 1984 cuando fue asesinado
el prestigiado y combatiente columnista
Manuel Buendía cuando se disponía a
publicar nombres de funcionarios, políticos
y policías que estaban articulados a
los primeros cárteles de la marihuana. De
entonces a la fecha, las bandas se han fortalecido,
decenas de grandes capos están
muertos, encarcelados o extraditados a los
EE. UU., pero la estructura de la violencia
criminal sigue acumulando homicidas
dolosos.
El gobierno acusó del asesinato de
Buendía nada menos que al director de
la Policía Federal de Seguridad, la policía
política del Estado que estaba en el Ministerio
del Interior (Secretaría de Gobernación).
El funcionario fue encarcelado
y sentenciado a 25 años de prisión y la
oficina fue disuelta y convertida ya en una
oficina de seguridad nacional. Pero desde
1984 las actividades del crimen organizado
han crecido y no pasa mes sin que haya
un ataque espectacular contra la sociedad.
La información sobre seguridad
sigue dominando las expectativas de la
sociedad. A finales del año pasado el capo
Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado
a cadena perpetua en los EE. UU.
y poco después fue arrestado en los EE.
UU. el ministro de Seguridad Pública del
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
(del PAN, partido de derecha) acusado
de proteger el tráfico de drogas a los EE.
UU. Lo significativo de este caso fue que
el funcionario había sido condecorado y
entrenado por las principales oficinas de
seguridad de los EE. UU. y, de acuerdo con
la acusación, se dedicaba a ayudar a El
Chapo a contrabandear cocaína. En 1997
el czar antidrogas de México con rango
de general fue también arrestado por
coludirse con un cártel.
El caso del niño columbine ha revelado
un momento complejo de la sociedad
mexicana. Ya no fue un suceso de ataque
criminal, sino una evidencia de que la
violencia se ha metido en las entrañas
de la sociedad. A pesar de que la crisis de
seguridad está asentada en México desde
1984, no ha habido programas educativos
o sociales que alejen a los niños del clima
de violencia de los estados cotidianos de
ánimo. En muchas escuelas los niños son
sometidos a revisiones con perros policías
como si fueran sospechosos o a simulacros
de balaceras, en lugar de programas
de conocimiento de la realidad, de
cultura de la paz o de educación contra la
violencia. A México le falta un programa
integral de reorganización del aparato de
seguridad. Cada nuevo gobierno inventa
soluciones y organismos policiacos que
duran seis años. La violencia, la extorsión,
el cobro de cuotas criminales, los asesinatos
en las calles, los asaltos diarios han
agotado a la sociedad. El Estado carece de
personal, los cuadros judiciales son cómplices
en muchos casos de los delincuentes,
la sociedad no encuentra protección
por parte del Estado. Los asaltos ocurren
en las calles, los restaurantes, los transportes
públicos.
En el 2006, ante el fracaso de las policías,
el presidente Calderón utilizó a las
fuerzas armadas para apoyar acciones de
seguridad basados en la doctrina de seguridad
interior que viene desde la Constitución
de Cádiz, entonces acreditada como
“orden interno”. El saldo no ha sido malo:
unos cincuenta capos de primer nivel han
sido sacados de funcionamiento, pero sus
estructuras criminales siguen operando.
El caso de El Chapo es revelador: como
jefe del cártel No. 1 de México, El Chapo
está hundido de por vida en una cárcel
de los EE. UU., pero su socio y dos hijos se
quedaron con el control del cártel y han
aumentado el tráfico de drogas sintéticas
a los EE. UU. Del problema que se le
viene encima a México es la presión de la
Casa Blanca al caracterizar a los cárteles
mexicanos como organismos criminales
transnacionales y existe la amenaza de
señalarlos como terroristas. Al decretar
la transnacionalidad, Washington quiere
meterse en México a controlar la lucha
contra esos grupos. La razón aparece en
reportes de la DEA: nueve cárteles mexicanos
controlan la venta al menudeo de
droga en tres mil ciudades estadunidenses
y comienzan ya a luchar con violencia por
los mercados de consumo.
Detrás del caso del niño columbine
existe un problema de seguridad en
México: el crecimiento de los cárteles
como grupo armado que tiene control de
ciudades y rutas. Todos los días de 6 a 7 de
la mañana el presidente López Obrador
encabeza una reunión de seguridad con
su gabinete de seguridad, incluyendo a los
ministros de Marina, Defensa y Seguridad…,
pero las cifras no bajan.
La violencia y la inseguridad en México
existirán mientras sigan latentes las estructuras
del crimen organizado.