Cuando a principios de este año, China alertó al mundo de la gravedad de la epidemia que sufría en su territorio, pocos podían pronosticar lo que estaríamos viviendo un par de meses después.
Los científicos no se cansan de alertar a la población mundial que la situación es de alto riesgo y que nadie debería tomársela a la ligera porque las consecuencias podrían ser catastróficas.
Las cifras también lo demuestran: 167,506 casos confirmados en 151 países del mundo. En total han muerto 6,606 personas en poco más de 60 días, 862 en las últimas 24 horas.
En medio de la emergencia, la pregunta resulta obvia: ¿podrá el maltrecho sistema de salud mexicano contra esta amenaza? Si se observa lo que ocurre en otros países con mayor desarrollo, la respuesta se vuelve una incógnita.
Tan sólo en Italia, suman 2,158 fallecimientos a causa sobre todo, de la falta de camas de terapia intensiva en sus hospitales para albergar a los miles de personas que las requieren al mismo tiempo.
Ni hablar, el COVID-19 se convirtió en una prueba de fuego para miles de tomadores de decisiones alrededor del mundo, líderes a los que les ha tocado lidiar con una contingencia sanitaria pocas veces vista en los tiempos modernos.
A esa escala se evaluará el trabajo del presidente López Obrador y la manera en que su gobierno afronte esta emergencia. Si la oposición busca sacar raja política de la crisis, quedará evidenciada, pero si el mandatario se equivoca y menosprecia la amenaza, las consecuencias serán muy graves.
Desde luego que no sólo se calificará su actuación. Los ojos están puestos en la respuesta de todas las autoridades de todos los niveles. Ayer, en Tamaulipas se tomaron determinaciones importantes que evidencian que la salud es la prioridad muy por encima de lo económico. Así lo recomiendan todos los especialistas y así lo exige esta emergencia.