La problemática que enfrentamos
es delicada. Es obvio que
las inversiones extranjeras
deben amoldarse a las metas y
condiciones del desarrollo mexicano
al que, hay que suponer, desean
incorporarse y contribuir.
Desde hace tiempo el mundo
estaba enfermo. Los datos lo decían.
La distancia entre los muy ricos y las
clases medias, sin mencionar a los
verdaderos pobres, se ensanchaba
por minutos, marginando sectores
enteros de la población y atrasando
su potencial de desarrollo. Pese
a las estadísticas optimistas, la
realidad es que la pobreza ha
aumentado en todo el mundo y,
con ella, las inquietudes que piden
cambios, a veces con violencia. La
preocupación es tan seria como
puede ser la que se refiere al
cuestiones ambientales.
Los días de tranquilidad a los
que el coronavirus nos obliga, no
sólo son el encierro y el uso de
otras formas de comunicación, sino
la flagrante interrupción que ha
impuesto al ritmo de toda actividad
económica y social. Nadie podría,
en estos momentos, precisar los
extensos efectos que dejará la pandemia
cuando pase la crisis, pero
lo que nadie duda es que quedarán
enseñanzas sobre la manera en
que hemos llegado, a lo largo de
los últimos años, a los inadecuados
resultados, en términos de desequilibrios
sociales, debido al sistema de
economía capitalista empresarial en
vigor.
En los momentos actuales hay
que reflexionar sobre las repercusiones
en nuestro estilo de desarrollo,
como parte del fenómeno de
globalización, de acuerdos regionales
y hasta transcontinentales de
comercio y de cooperación política,
siguiendo ejemplos como la Unión
Europea, el recién renovado T-MEC
o las nuevas asociaciones transpacíficas.
Todos estos imponen obligaciones
de afinar y acomodar los programas
de desarrollo de cada uno
de los países signatarios a las reglas
que esos instrumentos fijan. Este es
el tema que debemos evaluar para
no seguir un camino que reincide y
ahonda los problemas de inequidad
social que queremos evitar.
Hay que tener cuidado con la
forma en la que hemos de seguirllevando adelante este avanzado
proceso de globalización, del
cual somos parte, sobre todo
para la realización de las metas
favorables para nuestra población.
De lo contrario, México será una
pieza más en el complicado juego
dinamizado por crudos criterios
comerciales y frias ambiciones
geopolíticas, ajenas a nuestro
genuino y básico interés.
Los efectos de la pandemia ya se
hacen sentir en el repentino freno a
las cadenas de producción y distribución
de partes y componentes de
los procesos industriales. La caída
en todos los índices económicos
confirma que al reabrirse las plantas
industriales no debemos repetir
las fórmulas que atan nuestra economía
a factores que no podemos
controlar. Esta lección no es sólo
para las grandes empresas transnacionales,
sino más directamente
para nuestro gobierno.
La problemática que enfrentamos
es delicada. Es obvio que
las inversiones extranjeras deben
amoldarse a las metas y condiciones
del desarrollo mexicano al que, hay
que suponer, desean incorporarse y
contribuir. La negociación de grandes
proyectos en los que el gobierno
pueda tener interés implica que la
intervención del Estado es indispensable
para apoyar la posición del
empresario mexicano. Lo anterior
significa que todas las entidades que
forman el gobierno han de motivarse
con el nacionalismo que asegure
decisiones coherentes. Viene a
cuento el caso de la cervecería en
Mexicali, ya que la aprobación del
proyecto la emitió una autoridad en
contra de los intereses ecológicos
que son superiores a los intereses
económicos. El gobierno se encuentra
en el brete de respetar los
dictados de intereses comerciales
jerárquicamente inferiores a los
ecológicos. La única salida será
obligar al inversionista a la debida
compensación del daño ambiental.
El dilema anterior es un buen
ejemplo de la ventaja que la globalización
da a las empresas internacionales
sobre las realidades que
los gobiernos están obligados a
defender. La salida política debe ser
clara y consistente desde el inicio
de toda administración. Por eso no
caben expresiones imprecisas ni improvisadas.
Las reglas en materia de
inversiones extranjeras deben prever
la consulta entre los gobiernos
para resolver cualquier conflicto del
interés nacional contra la pretensión
de cualquier inversionista.
La pandemia del COVID-19 nos
depara momentos de reflexión sobre
los efectos en nuestro desarrollo,
a largo plazo, que está teniendo
la globalización en tiempos de
recesión. Lo sentimos en el choque
de intereses ambientales contra
compromisos jurídicos que nunca
debieron suscribirse. Lo veremos en
la vigilancia que habremos de ejercer
a medida que nuestros actuales
y futuros acuerdos comerciales nos
lleven a ligar nuestro desarrollo con
el de otros países.