Son muchos los análisis que
han llenado los medios
con las consecuencias ya
presentes y las evidentemente
venideras del COVID-19 para
la salud física y financiera de
los mexicanos: insuficiencia
de camas, médicos, hospitales
y equipamiento, escasez de
medicamentos, despidos,
disminución del consumo,
cierres de negocios familiares
o restricción de los cruces
fronterizos y decrecimiento de la
economía de entre 2 y 4 por ciento.
También han recibido atención la
dilación en la puesta en operación
de medidas para cuidar a la
población, el mal ejemplo que, hasta
ahora, ha puesto el Presidente
y las señales contradictorias
y descoordinadas de la
administración. Para el Presidente,
la vida parece transcurrir como
business as usual o casi. Tan sólo
este último fin de semana estuvo
de gira supervisando la obra de
dos tramos carreteros y de gira
para celebrar el 214 aniversario
del natalicio de Juárez. Por suerte,
buena parte de la población lo
ha rebasado y no ha seguido su
ejemplo. Se ha autoimpuesto un
encierro racional y voluntario. Lo
mismo han hecho los gobiernos
de los estados. Pero una crisis de
la envergadura que viene requiere
una política nacional con los ajustes
necesarios, según de la entidad o
capa de la población de que se trate.
Sin duda, no se equipara al
valor de la salud física y financiera
de las personas, pero hay otro
ángulo que se ha dejado de lado,
porque el COVID-19 algún día
se irá y las consecuencias de las
decisiones tomadas se quedarán.
El Estado de derecho
siempre ha sido nuestro talón
de Aquiles. Desobedecer la ley,
torcerla, buscarle recovecos que,
claramente, violan su espíritu,
modificarla para favorecer
intereses particulares o de
coyuntura y abusar del poder son
prácticas cotidianas. Siempre sin
consecuencias.
Durante los 16 meses que
llevamos de gobierno, la ilegalidad
ha sido parte de los usos y
costumbres en el ejercicio del
poder. Tan sólo del 1º de diciembre
de 2018 al 1º de diciembre
de 2019, Causa en Común y
Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad han documentado 27
ilegalidades abiertas, 25 acciones
del Ejecutivo de dudosa legalidad,
pero sujetas a interpretación, y tres
leyes a modo (la evidencia puede
consultarse en las páginas web
de ambas organizaciones y en los
números de julio de 2019 y marzo
de 2020 de la revista Nexos).
A este recuento de un año
ya habría que agregar otras
ilegalidades: el pase de charola
entre empresarios, el decretazo
para importar medicinas sin
registro sanitario en México o el
cambio de las Leyes de Bienes
Nacionales y de Administración y
Enajenación de Bienes del Sector
Público para sortear el avión
presidencial, entre otras.
En una situación catastrófica,
esto puede agravarse. La prensa,
las organizaciones sociales,
el sector privado e incluso la
academia están volcados, como
nunca, en el día a día que está
secuestrado por la emergencia
sanitaria. Nadie está pendiente
de lo que hoy se consideran
“minucias”, pero que pueden
acentuar las acciones fuera de la
ley y el abuso de poder.
El fin de semana se llevó a
cabo la consulta para decidir
sobre la construcción de la planta
cervecera en Mexicali. No sólo
un desperdicio de dinero, daño
patrimonial e ilegalidad, sino una
pésima señal que deja en claro que
invertir en México es un volado.
Sí: un miniTexcoco, porque el
monto invertido era mucho menor,
pero una maxiseñal, porque los
contratos en México son papel
mojado.
Pero hay muchas otras cosas
que habrá que mirar con lupa:
la creación de una sociedad
mercantil —si la SCT otorga la
concesión— con un Consejo de
Administración presidido por un
subsecretario de la Defensa; la
letra chica de la reglamentación de
la reelección de los legisladores;
la posposición de la elección
de cuatro consejeros del INE; la
postergación de la discusión y
resolución sobre la Ley Bonilla;
el ejercicio del presupuesto;
el destino de los Fondos de
Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios (FEIP), de
Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas
(FEIEF) y Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el
Desarrollo. Estos son tan sólo
algunos ejemplos. Pero hay y
habrá muchos más: bolas rápidas
que pasará el gobierno entre la
opacidad reinante, la excusa de
la emergencia y la distracción
entendible de todos con el
COVID-19.
Es imperativo que, ante
esta situación, la sociedad, el
sector privado, los colegios
de profesionistas, la Corte y el
Congreso estén pendientes. No
hay mejor caldo de cultivo para
la corrupción y el abuso que una
crisis como la que se avecina.