Tras otra semana de intenso debate y versiones encontradas debido a la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República contra el gobernador, parece que una vez más, la pelota está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En medio de tanta agitación, quizás esa sea la mejor noticia para un estado que, por si fuera poco, en este contexto de crispación se prepara para ir a las urnas dentro de dos semanas, para renovar a su Poder Legislativo y a los alcaldes de los 43 municipios.
El viernes, la Corte confirmó que recibió la reclamación que presentó la FGR ante el desechamiento de la controversia que había interpuesto el Congreso contra el desafuero.
La trama se ha vuelto complicada pero va un intento de resumen:
La Fiscalía reclamó que si bien el ministro González Alcántara rechazó el recurso de los legisladores tamaulipecos,
se excedió al establecer que el gobernador puede mantenerse en su cargo y ser juzgado, en caso de que así proceda, una vez que termine su mandato.
En particular, les disgustó este párrafo: “En estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que
esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.
A diferencia de la primera controversia que fue desechada directamente por un ministro, en este caso, la reclamación de la Fiscalía General de la República deberá ser llevada a discusión en la Segunda Sala de la Suprema Corte, con el proyecto elaborado por el ministro al que fue turnado el caso.
Es decir, todo hace indicar que habrá una discusión que involucrará a cinco magistrados, quienes al final votarán y entrarían al fondo de la cuestión, es decir, si el gobernador mantiene el fuero o puede ser procesado.
Abogados especializados en el tema han llamado la atención sobre un par de puntos, que pudieran resultar importantes para el análisis.
El primero es saber a qué ministro corresponderá elaborar el proyecto.
El fin de semana trascendió que el documento fue turnado a Yasmín Esquivel Mossa.
La presidenta de la Segunda Sala, es la de más reciente ingreso a ese órgano judicial: fue propuesta en el 2019 para ocupar un lugar en la Corte.
Esquivel es una de las participantes de las reuniones que ha sostenido el presidente López Obrador con magistrados, según confirmó él mismo, para tratar temas
como la constitucionalidad de la reforma energética.
Los otros integrantes de la Segunda Sala, Luis María Aguilar, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán, son ministros desde hace al menos seis años.
El otro asunto que atrajo la atención de los especialistas es que se haya incluido a la Consejería Jurídica de la Presidencia en el proceso para que pueda sumar alegatos.
Este hecho no es ilegal, pero sí poco común. Si ya había muchas dudas sobre la injerencia de Julio Scherer en el caso del desafuero contra el Gobernador Cabeza de Vaca, esta decisión de la Corte alimenta aún más esas inquietudes.
Con estas observaciones queda claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está exenta de intereses políticos, y tiene en las manos muchos temas que -igual que el desafuero- dividen opiniones en el país.
Pero aún con esos bemoles, es el máximo órgano con el que cuenta nuestro sistema judicial, y una resolución clara que no deje lugar a dudas debería poner punto final a este episodio de la vida pública tamaulipeca.
Acatar esa decisión, sobra decirlo, no tendría por qué estar en discusión.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
