La evidente cercanía de Arturo Zaldívar con la Presidencia de la República ha puesto los reflectores encima del Poder Judicial, sobre el que se han desatado todo tipo de sospechas.
Lo cierto es que hasta ahora no se ha registrado en los hechos, ninguna acción que pudiera demostrar el sometimiento con el Ejecutivo que tantos denuncian.
En el caso del desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hay suficientes muestras de que los jueces no están siguiendo en automático la línea que pudiera dictarse desde Palacio Nacional, directamente o vía los “respetuosos” exhortos que suele hacer el presidente de la República en las mañaneras.
El primer ejemplo fue la determinación del ministro Juan Luis González Alcántara, cuyo contenido sorprendió a todos.
Lo que en un principio parecía una sentencia durísima para el destino del gobernador -el desechamiento de la controversia del Congreso del estado- terminó en una contundente victoria jurídica para su causa.
Palabras más o menos, el ministro dio la razón al Legislativo local y determinó que el mandatario mantiene su fuero y su cargo.
González Alcántara, a quien en un principio se señalaba con insistencia su llegada a la Corte de la mano de López Obrador, dio un golpe seco a la Fiscalía General de la República.
En el mismo contexto debe leerse la decisión del juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien ayer otorgó una suspensión provisional que blinda jurídicamente al gobernador Cabeza de Vaca por lo menos hasta después de las elecciones.
En la extensa explicación de su decisión, el juez de distrito se suma a los argumentos del ministro González Alcántara, e incluso tuvo el cuidado de especificar que aunque se tratara de delitos graves, la orden de aprehensión no debe surtir ningún efecto porque, primero debe definirse de manera definitiva la situación del fuero del gobernador.
Sin duda, se trata de otro round ganado por la defensa de Cabeza de Vaca.
Es verdad que la excepción a este par de medidas, sería la orden de aprehensión que dictó un juez del Estado de México a petición de la Fiscalía General de la República y que desató la solicitud de amparo y la nueva controversia del Congreso del Estado.
Pero en todo caso, esa actuación demostraría que al interior del Poder Judicial hay opiniones encontradas de un asunto inédito en la historia reciente del país y que todavía admite muchas interpretaciones.
En un texto publicado ayer en la prensa nacional, el Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se refirió a la expectativa que han generado en los últimos meses las decisiones del Poder Judicial: “Para un sector de la sociedad, un juez solo es independiente y, así lo demuestra, cuando falla en contra del gobierno. Para otros grupos, en cambio, hacerlo es una muestra de que se defienden intereses contrarios a la nación”.
En el mismo artículo hace una defensa de la labor de los jueces y les pide sostener su autonomía, sin ceder ante las presiones: “Las personas juzgadoras deben seguir desempeñando su labor al margen de
la opinión pública, con independencia de que sus decisiones sean aclamadas o rechazadas por unos u otros sectores. Frente a las críticas, lo que deben hacer es actuar con imparcialidad, neutralidad y honestidad absolutas, pues su labor es indispensable para la democracia y para los derechos humanos”.
Es cierto, sería ingenuo pensar que los jueces están blindado de intereses políticos, pero por el momento salvo que alguien tenga alguna prueba que presentar, no hay otra opción más que aceptar que el caso Tamaulipas ya está en manos del Poder Judicial.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
