Tamaulipas.- Entre marzo del 2006 y junio del 2007, 10 tiendas en Houston vendieron 336 armas a compradores que a su vez, las traficaron al grupo armado que en aquel tiempo dominaba el territorio tamaulipeco.
88 de esas armas de grueso calibre fueron detectadas en este lado de la frontera, algunas de las cuales habían sido utilizadas en el asesinato de 18 civiles e incluso oficiales de seguridad.
Más de una década después, entre los meses de abril y agosto del 2018, en Gonzales, Texas, otro negocio vendió a una persona 14 rifles Century, un rifle Barret calibre .50 y otras armas igual de poderosas. En noviembre de ese mismo año, uno de los rifles fue recuperado tras ser utilizado en un crimen en Ciudad Mier.
El mismo traficante compró en una tienda Academy Sports & Outdoors Store de Victoria, Texas, otra arma de asalto que fue recuperada en julio, también tras ser utilizada por criminales en Miguel Alemán, Tamaulipas. Ese mismo se aseguraron 17 rifles de alto poder, todos provenientes de Estados Unidos.
Son tres ejemplos de la manera en la que el tráfico de armas ha perforado la frontera, ha nutrido la capacidad de fuego del crimen organizado y ha incrementado los niveles de violencia desde hace al menos 15 años.
Estos casos forman parte de la relatoría incluida en la demanda presentada por el Gobierno de México contra las fábricas de armas más importantes de Estados Unidos, por vender armamento a los carteles que operan al sur del Río Bravo.
El argumento de esta inédita acción jurídica es muy sencillo: las grandes empresas dedicadas a la fabricación y venta de armamento han sido negligentes al producir y ofrecer sin reservas sus productos a compradores dedicados a traficarlos hacia México.
La consecuencia de ese flujo incesante de armamento es un incremento notable en los niveles de violencia en territorio nacional desde el 2004, cuando se liberó en Estados Unidos la venta de rifles de asalto.
“Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, dice el documento presentado ante un tribunal federal de Massachusetts, promovido por abogados de Hilliard Shadowen, un bufete de abogados de Texas especializado en demandas colectivas, y por Jonathan Lowy, abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence, la organización de control de armas.
El gobierno mexicano pone el ejemplo de Tamaulipas para ilustrar el incremento en la violencia.
Detalla que en el 2007, cuando se registraron los primeros ataques contra las fuerzas de seguridad, en la entidad se reportó una agresión; cuatro años después, en el 2011, se registraron 42 ataques contra elementos estatales y federales.
Las cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública respaldan la queja oficial.
De los 4,265 homicidios dolosos que se han registrado en Tamaulipas del 2015 a junio del 2021, 2,574, es decir el 60 por ciento han sido con armas de fuego, de las cuales se estima que la gran mayoría provienen de Estados Unidos.
Según la demanda, el 70 por ciento de las armas que se decomisan en el país tienen su procedencia en el otro lado de la frontera.
Paradójicamente, mientras en el estado y en todo el país se ha incrementado la violencia homicida, con el paso de las años se han reducido drásticamente las capturas y las denuncias de personas por violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. En el 2014, en Tamaulipas se reportaron 2,008 denuncias enmarcadas en esos delitos, y para el 2020 la cifra fue de apenas 730.
También el aseguramiento de armas ha presentado un descenso gradual cada año.
Según información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del portal de Transparencia, en el 2014 se incautaron en el estado 2,889 armas largas, y para el 2020 fueron 429.
Mientras que en las aduanas del estado entre el 2016 y marzo del 2021 se aseguraron en total 7,604 armas. Por esos hechos, han sido consignadas 127 personas, 95 mexicanos y 40 extranjeros.
Durante años, los medios internacionales han indagado sobre el origen de las armas que terminan en manos de los carteles mexicanos. En un reportaje publicado por el Washington Post, informaron que de entre los 12 negocios de donde salen la mayoría de estos artículos, había al menos tres en el Valle de Texas: Glick Twins en Pharr; Danny’s Pawn and Sporting Goods en McAllen y hasta la muy popular Academy Sports and Outdoors, con diversas locaciones por todo el sur de Estados Unidos.
Mercado sin control
“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”, reza la segunda enmienda de los Estados Unidos. En torno a estas 25 palabras, decenas de estados, con Texas a la cabeza, han llevado al extremo la libertad de los norteamericanos para comprar armamento de todo tipo.
Y ese mercado abierto, ha favorecido el contrabando hacia México.
El periodista estadounidense Ioan Grillo, lo describe así en un artículo publicado recientemente por el New York Times: “El mercado negro de las armas es el motor detrás del aumento de los asesinatos en ambos lados de la frontera, y los traficantes se aprovechan del confuso entramado de regulaciones que rige a la industria legal de armas de fuego en Estados Unidos. Por increíble que parezca, no hay una ley federal que prohíba específicamente el tráfico de armas de fuego en Estados Unidos”.
“Los traficantes adquieren las armas mediante el vacío legal en la venta privada, gracias al cual la gente que dice ser coleccionista puede vender armas a terceros sin realizar una revisión de antecedentes a los compradores ni pedirles una identificación. De 2009 a 2010, un estadounidense, Hugh Crumpler III, compró 529 armas en tiendas y las revendió en ferias de armas en Florida sin exigir documentación para obtener ganancias. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos posteriormente rastrearon las armas y hallaron que habían llegado a manos de un grupo de traficantes latinoamericanos y se habían usado en cinco tiroteos, desde Colombia hasta Puerto Rico. Crumpler se declaró culpable de distribuir armas sin licencia y fue condenado a 30 meses en prisión”.
Ese mismo modus operandi es el que denuncia el gobierno mexicano en la demanda presentada en Estados Unidos.
Ahí, se asegura que las compañías están conscientes de que existen prácticas como la venta a través intermediarios, donde personas con autorización para tener armas -no venderlas-, compran el equipo y después lo cruzan por la frontera hacia México.
En muchos casos, se trata de decenas de piezas compradas por una sola persona.
La demanda por ejemplo, incluye a la compañía Barret, creadora del famoso fusil calibre 0.50 que se ha vuelto muy buscado por los criminales mexicanos.
En abril del 2018, la tienda Zeroed In Armory en Houston, vendió a una sola persona más de 170 armas, incluidos 76 rifles “estilo AK” y al menos dos Barrets, por los que pagó 15 mil dólares. Dos meses después, parte de este armamento fue recuperado en Nuevo Laredo, tras ser utilizado en varios crímenes.
El documento presentado ante el Tribunal de Massachusset está lleno de historias como esa, en la que se evidencia la ruta recurrente de las armas ilegales, compradas en el sur de Texas y enviadas a México.
Pero también denuncia la fabricación de armamento, diseñado específicamente para el mercado de los delincuentes mexicanos.
Citan como ejemplo tres armas fabricadas por Colt con sobrenombres y temas en español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
Según las autoridades, ese tipo de arma fue utilizada por un atacante en 2017 para matar a la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea.
Por el daño que ha causado a la sociedad mexicana, el gobierno exige indemnizaciones económicas que se deberán determinar en un juicio, además de una serie de medidas para reducir y mitigar los daños económicos y en vidas humanas.
Entre ellas, está la creación e implementación de estándares suficientes para monitorear y ordenar razonablemente sus sistemas de distribución; incorporar todos los mecanismos de seguridad disponibles para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados.
También se exige financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilegal de armas.
La reparación de daños, indica la demanda, deberá ser una cantidad que se determinará en el juicio y que “sea suficiente para castigar a los demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o repetir su conducta ilegal”.
“Los acusados saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto y los rifles de francotirador, son particularmente buscadas por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los acusados saben que estas armas se suministran con frecuencia a los cárteles a través de vendedores corruptos o irresponsables (…) La respuesta de los acusados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que suministran a los cárteles arsenales de estilo militar. Las elecciones de los acusados han tenido el efecto de maximizar en lugar de minimizar las ventas a los mercados criminales”, concluye la demanda.
Texas, un ‘santuario’
El estado de Texas cuenta con algunas de las leyes de armas más laxas de Estados Unidos, lo que explica que tenga más de 1,6 millones de titulares de licencias de armas de fuego.
Actualmente, basta con que el sheriff del condado, la policía local o estatal den el visto bueno a portar un arma en público tras una revisión de antecedentes y una toma de huellas dactilares. Esta se otorga por cinco años a mayores de 21 años que hayan aprobado un curso práctico de seis horas, un examen escrito y una prueba de tiro.
Pero además, el próximo 1 de septiembre entrarán en vigor siete nuevas leyes que, entre otras cosas, permitirán a los residentes de Texas portar armas de fuego en público sin necesidad de contar con un permiso, siempre y cuando sean mayores de 21 años.
Estas medidas, que implican la prohibición de aplicar regulaciones federales sobre las armas, han causado preocupación a diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Municipal de Policías de Texas (TMPA), que cuenta con más de 30,000 miembros.
Esta medida forma parte de un paquete que buscan proteger el derecho constitucional estipulado en la Segunda Enmienda de la Constitución, dijo el gobernador Abbott.
El gobernador republicano aseguró que las nuevas normas convierten a Texas en un “estado santuario de la Segunda Enmienda”.
Una vez que las disposiciones entren en vigor, los residentes de Texas no tendrán que tomar ningún curso de entrenamiento sobre el uso de las armas, ni tampoco tendrán que presentar documentación o huellas digitales para obtener una licencia del estado.
La licencia será necesaria solamente cuando los residentes quieran viajar a otros estados llevando sus armas de fuego.
Los cambios incluyen la prohibición a cualquier entidad gubernamental de hacer contratos con negocios que discriminan a empresas y organizaciones que defienden las armas.
También permitirán que los visitantes puedan guardar sus armas en cuartos de hotel, y eliminan el requisito de portar una funda en público para llevar una arma de fuego.
Otro cambio incluye la eliminación de la ofensa criminal de tener, manufacturar, transportar o reparar un silenciador.
Asimismo, se prohíbe que cualquier entidad gubernamental proscriba la venta o transporte de armas o municiones durante una declaración de emergencia.
Por Staff/Expreso-La Razón
