No estoy segura de que, como algunos sostienen, inició el declive, ocaso o cuarto menguante de la presidencia de López Obrador.
Lo que es indiscutible es que las últimas semanas concentran el mayor número de derrotas para un proyecto unipersonal que, durante más de tres años, avanzó en caballo de hacienda, aun a costa de la legalidad.
Puestas todas juntas se pueden dimensionar de mejor manera Quizá estemos ante un punto de inflexión, cuyo desenlace es difícil de prever.
La única excepción a la supremacía de su voluntad durante la primera mitad del sexenio fueron las elecciones de 2021: la oposición tuvo 1.9 millones de votos más que la coalición gobernante, Morena perdió 4.2 millones de votos y su bancada 53 diputados.
La coalición de López Obrador pasó de tener el 66.4% de la Cámara de Diputados, al 55 por ciento. Mayoría insuficiente para reformar la Constitución. Aun frente a esa pérdida y los muy malos indicadores de desempeño, siguió fijando la agenda, su narrativa continuó siendo la dominante y su discurso se mantuvo triunfalista.
Las cosas cambiaron con el escándalo de la Casa Gris, que supuso más que un contratiempo. Fue un golpe a la pretendida superioridad moral y la prédica de austeridad republicana. El comienzo de una mala racha.
El 4 de abril la Suprema Corte invalidó por unanimidad el impedimento de 10 años para que exfuncionarios públicos de alto nivel trabajasen en empresas a las que hubiesen regulado, supervisado o respecto de las cuales hubiesen tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público.
La SCJN consideró que se trataba de una medida desproporcionada y que afectaba el derecho al trabajo.
Un día después, por 9 votos contra 2, la Corte anuló una parte del artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, con ello, el control que López Obrador pretendía para determinar, por decreto y de forma discrecional, el destino de los ahorros obtenidos en la Administración Pública Federal.
La Corte sentenció que “ello es incompatible con la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos (…) y autorizar el destino y monto del gasto público federal …”, dijo la ministra Norma Piña, quien elaboró el proyecto.
Luego vinieron los muchos testimonios contra el fiscal: la denuncia del exconsejero jurídico de la Presidencia, los presuntos actos de corrupción, el escándalo del Sistema Nacional de Investigadores y el comprobado plagio, la aprehensión ilegal de Alejandra Cuevas por la vía de un delito inexistente (garante accesoria) y las grabaciones con su segundo de a bordo.
Podría decirse que esto no cuenta como batalla perdida porque el fiscal es autónomo, pero lo es porque México tiene a un fiscal con graves imputaciones y el Presidente no ha hecho más que defender su honestidad y reiterar la confianza inquebrantable que le tiene a pesar de todo.
Siguió el pronunciamiento del Parlamento Europeo (10 de marzo) en el que le piden al Presidente abstenerse de las comunicaciones que estigmatizan e intimidan a periodistas independientes, propietarios de medios y activistas.
Luego vino la consulta para la revocación de mandato (10 de abril), que si no se quiere contar como una derrota para el Presidente, al menos sí fue un triunfo para su archienemigo, el INE.
Los intentos del Presidente, su gabinete y su partido por minar a la autoridad electoral y las provocaciones abiertas a las que la sometió, simplemente fracasaron.
El INE salió fortalecido. Dos días después (12 de abril) llegó el reporte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, con sus 85 recomendaciones, la declaración del alarmante incremento en las desapariciones, la casi absoluta impunidad que favorece su reproducción y encubrimiento y el cargo de que, en su mayoría, son perpetradas por funcionarios de todos los niveles de gobierno y el crimen organizado.
La cereza del pastel fue la derrota de su reforma constitucional en materia eléctrica (17 de abril). La disyuntiva al perder la mayoría calificada era negociar.
Acostumbrado a imponer, prefirió no hacerlo y, en lugar de ello, optó por las amenazas abiertas y veladas. No logró romper la alianza parlamentaria de Va por México y Movimiento Ciudadano y la oposición salió fortalecida. Ganó, eso sí, que no se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Eléctrica.
Queda, sin embargo, la posibilidad de que los particulares se sigan amparando, y la remota posibilidad de una “aclaración de sentencia” en caso de que se promoviera después del engrose y el presidente de la Corte la SCJN la aceptara.
Finalmente, anteayer, un juez concedió una suspensión en el tramo 5 del Tren Maya por no contar con los estudios de impacto ambiental requeridos.
Por lo pronto, como digo, en estos dos últimos meses se acumulan derrotas que hubieran sido impensables a principios de éste, su cuarto año.
