CIUDAD VICTORIA, TAMALIPAS.- El gobernador electo, Américo Villarreal Anaya, anunció que se revisarán los contratos de obras pendientes que reciba la próxima administración, y si se encuentran irregularidades serán cancelados.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana aseguró que no habrá cacería de brujas, pero sí se revisará la actuación de los funcionarios que dejan sus puestos a partir del 30 de septiembre.
“Cualquier tipo de contratación transexenal va a ser revisada a detalle y en caso de no tener viabilidad financiera o técnica o así como el beneficio social y no particular esperado, serán canceladas”, expresó.
Se refirió al caso de la carretera Tam-Bajío que dijo, es un buen proyecto que busca acercar el transporte de carga del centro del país a los puertos de Tamaulipas, pero tienen que revisarse las modificaciones que se han realizado a los contratos.
“Si las obras no se traducen un bienestar social no tenemos interés de que se hagan en Tamaulipas en la próxima administración”.
También dio a conocer que existen versiones de una posible basificación masiva de 4 mil trabajadores estatales, lo que comprometería las finanzas públicas al no existir un estudio que demuestre su viabilidad.
“Demandamos que se abstengan de tomar esta medida porque de hacerlo les advertimos que vamos a revisar a fondo las condiciones jurídicas en las que lo realicen, además de un estudio profundo del estado financiero de Tamaulipas donde se determine si existe o no la viabilidad financiera y actuarial”.
Dijo que los burócratas deben sentirse tranquilos de que su trabajo no está en riesgo y pidió al Sindicato no prestarse “a ningún tipo de criterio distinto a la antigüedad o al mérito de la base trabajadora”.
Sobre las reformas que se aprobaron en la última sesión del Congreso que dan más atribuciones a la Fiscalía General de Justicia, reiteró que actuarán por la vía legal.
“Con reformas al vapor pretenden traspasar funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado. Esta acción es incongruente e ilegal pues no es posible que un organismo autónomo como es la Fiscalía que tiene como su principal función la procuración de justicia lleve a cabo también labores de prevención del delito”, detalló.
Por Staff
Expreso-La Razón