Quizás no haya en el pasado reciente tamaulipeco un atraco más artero que el cometido por las anteriores administraciones a las pensiones de los trabajadores del estado.
Por varios motivos, este fraude millonario resulta escandaloso.
Primero, porque evidencia la borrachera de corrupción en la que incurrieron funcionarios estatales durante las últimas décadas.
Empoderados por un sistema cuasi virreinal, disfrutaron a manos llenas de los excesos; despilfarraron recursos públicos y se embolsaron tajadas millonarias, con la confianza de quien piensa -o sabe- que nada le pasará.
Un breve resumen del gran robo sería el siguiente: durante las dos últimas administraciones priístas se utilizaron los recursos de los trabajadores como si se trataran de monedas de casino.
Primero las metieron a peligrosos fondos de inversión.
Y después, de plano se olvidaron de hacer las aportaciones del dinero que sí le descontaron a los burócratas.
Pero la situación no cambió demasiado con la llegada del PAN al poder.
Hasta el 2018, la flamante Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción se dieron cuenta de lo que había ocurrido, y hasta el 2021, con una credibilidad cada vez más a la baja y a las puertas de un nuevo proceso electoral, decidieron empezar a pagar lo que se debía.
El quebranto total se estima en más de 2 mil millones de pesos que hoy significan una resaca monumental que hace sufrir a las autoridades actuales, y desde luego, a los burócratas que inevitablemente recaen en la incertidumbre.
Acaso lo más grave de este episodio de la miseria política tamaulipeca sea que a la fecha, no hay quien se haga responsable de la fuga millonaria de recursos públicos, a pesar de que sobran evidencias de que en el enjuague están involucrados por igual ex funcionarios priístas y panistas.
La comparecencia ante el Congreso del Secretario de Administración, Jesús Lavín, sirvió para dimensionar la gravedad de los daños que el sexenio panista le causó a la hacienda pública.
No se había presentado, hasta ahora, una radiografía tan detallada de las prácticas irregulares en el manejo de los recursos públicos que pasaron a manos de la Contraloría y de ahí a la Fiscalía.
La diputada y los contratos
A nadie debería acusarse de portación indebida de esposo. Es decir, si el ex director de Patrimonio Estatal, Alejandro Mayne incurrió en actos de corrupción, jurídicamente nada podría achacarse a la diputada Myrna Flores Cantú.
El problema para la legisladora panista es que ha sido ella misma la que ha puesto el tema sobre la mesa, y ha intentado -sin éxito- una encendida defensa de la actuación de su marido.
Como aquella sesión del 19 de junio cuando subió a la Tribuna y expresó: “Mis manos están limpias, y si mi esposo hay contratos (sic) es porque en su momento estuvo de Director de Patrimonio de Gobierno del Estado”.
Por eso, ayer cuando fiel a su estilo intentó defender la actuación del ex gobernador Cabeza de Vaca, la bancada de Morena le preguntó al Secretario de Administración si habían detectado irregularidades en los generosos contratos de arrendamiento firmados por Mayne, a la diputada no le quedó de otra más que dejar de lado sus acostumbrados reclamos.
La respuesta del funcionario, por cierto, fue fulminante: sí hubo anomalías por las que se ya se presentaron denuncias.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
