Esta semana rindieron protesta la nueva presidenta del Consejo General del INE y tres integrantes más. Vale la pena destacar la importancia de que, por primera vez, el instituto sea presidido por una mujer y que seis de sus 11 integrantes sean mujeres.
Por otro lado, debe reconocerse que el INE, creado apenas en 2014, pudo renovar su presidencia y el total de sus integrantes en tiempo y forma. Desde 2003, la presidencia del IFE/INE no había podido renovarse sin que una reforma electoral interrumpiera los mandatos de algunos consejeros: así fue en 2008 y 2014.
Como he afirmado aquí mismo, la renovación escalonada del consejo es fundamental para preservar su autonomía. Sin embargo, para realizar las designaciones se tuvo que recurrir a una tómbola.
Hay que decirlo: de no existir la salvaguarda constitucional de la insaculación, el consejo bien pudo haber quedado incompleto por un tiempo indefinido —si lo dudan, basta ver lo que está pasando con el Inai ahora mismo y con las cinco salas regionales del TEPJF ante la falta de acuerdos en el Senado—.
No debe menospreciarse la importancia de la construcción de acuerdos políticos en un tema tan fundamental en una democracia como lo es el árbitro electoral. Baste recordar que, en abril de 2014, cuando formalmente el INE reemplazó al IFE, los 11 integrantes de su primer Consejo General fueron designados con 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones.
Más tarde, las tres consejerías designadas en 2017 recibieron 336 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones.
En julio de 2020, cuando Morena contaba con una mayoría más holgada que la actual, las cuatro consejerías designadas recibieron 399 votos a favor, sólo cinco votos en contra y cinco abstenciones: un nivel de consenso no visto en años.
Si bien es difícil saber si se llegó a la tómbola por voluntad expresa del Presidente o por una falta de acuerdos mínimos, es justo reconocer que la tómbola salvó al INE de un riesgo mayor.
La tómbola fue imparcial —cada finalista tuvo las mismas probabilidades de ser designado—, y de manera fortuita produjo un resultado relativamente balanceado cuando las etapas previas no lo fueron.
A diferencia de 2020, el Comité Técnico no contaba con el consenso de las fuerzas partidistas: cinco de sus siete integrantes tenían fuerte cercanía con el oficialismo y esto afectó el proceso de selección.
A diferencia de 2020, en que las quintetas se acomodaron de manera aleatoria, este año el Comité Técnico acomodó las quintetas finales a partir de criterios discrecionales.
Guadalupe Taddei, la nueva consejera presidenta del INE, era el perfil más experimentado de su respectiva quinteta. Participó en la convocatoria de 2020 y trae consigo más de 30 años de experiencia en materia electoral con el IFE y con un instituto local. Rita Bell López, una muy destacada exconsejera local en Oaxaca, desde donde ha impulsado los derechos políticos de las mujeres, también fue finalista en 2020: el sorteo le hizo justicia.
Jorge Montaño ha sido magistrado y consejero local en Tabasco. Arturo Castillo trabajó en el IFE y trae consigo varios años de experiencia en la Sala Superior del TEPJF.
Es de esperarse que el Consejo General se vea fortalecido con su llegada. Entre 2020 y 2023, Morena ha participado en la designación de ocho de 11 consejeros del INE.
Con la información disponible a la fecha, no puede afirmarse que el partido en el gobierno controla una mayoría del Consejo General. Quizá lo han intentado, pero no lo han conseguido.
En todo caso, hay que estar muy atentos a las próximas y muy importantes decisiones del nuevo Consejo General. Ojalá que, a diferencia del Congreso, el consejo del INE logre construir consensos para proteger y fortalecer nuestra democracia.
Como he afirmado en otros momentos, toca a las y los nuevos consejeros demostrar con su desempeño que están a la altura de las exigencias ciudadanas.