La contralora gubernamental de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo indicó que mantienen una auditoria sobre la COMAPA SUR del periodo 2019 al 2022, la cual estaba a cargo la pasada administración estatal.
Tras acudir a la zona sur de Tamaulipas, la funcionaria comentó que este proceso es muy largo debido a que son cuatro años los que se están auditando, sin embargo, han encontrado distintas irregularidades.
En este sentido, dijo que hay una observación de 380 millones de pesos y 72 observaciones, lo que ha derivado algunas denuncias penales para quien resulte responsable.
«Identificamos alrededor de 72 observaciones de esta auditoría, por ahí hay un monto estimado de presuntas observaciones arriba de los 380 millones de pesos y eso dio lugar a tres denuncias penales que se han presentado y a procedimientos de responsabilidad administrativa que se inicia en la contraloría».
Agregó que, «algunos se estima faltas administrativas graves, esas serán competencia de solución del tribunal de justicia administrativa; la ley es muy clara, la contraloría gubernamental sanciona faltas administrativas no graves, las graves es competencia del tribunal de justicia administrativa».
Reconoció que de esas presuntas faltas administrativas que se han identificado, han presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción e incluso se están promoviendo procedimientos de responsabilidad administrativa ante la contraloría gubernamental a los exfuncionarios.
«En cuanto a las denuncias penales están presentadas a la Fiscalía Anticorrupción, desde aquí hacemos un llamado para que al igual que yo que soy como de los actores en la prevención y sanción de las conductas administrativas cuando se presume un delito en material penal es competencia exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción».
Afirmó que han emitido tres denuncias en diferente momento, pero en la de este ente fue hace aproximadamente 3 meses.
Refirió que la Fiscalía Anticorrupción se ha tomado su tiempo para llevar a cabo esta investigación, sin embargo, aún no hay ningún resolutivo.
«Ellos tienen sus procesos y tiempos y si lo estiman pertinente dentro del proceso tendrán que adicionar si requieren información o documentación que se estime pertinente, yo hoy que estoy del lado de la contraloría tomo en cuenta una denuncia o una presunta falta administrativa y la ley me obliga que se tiene que dar conocimiento a la autoridad investigadora, esa autoridad deberá acumular más pruebas».
Hasta el momento van tres personas inhabilitadas en materia administrativa.
«Nos dejaron más de mil expedientes de promoción de responsabilidad administrativa, más de 670 prescritos y aun así tenemos que seguir el debido proceso, aunque esos expedientes están prescritos tenemos que darle la conclusión hasta la sustanciación, hay un debido proceso que debemos cuidar».
Finalmente, Norma Angélica Pedraza Melo manifestó que debe quedar un precedente en donde la ley obliga a los funcionarios a hacer uso racional, económico, transparente y de rendición de cuentas con el recurso.
Javier Cortés/ La Razón
