En la demanda de amparo que presentó el Auditor Superior del Estado, incluyó una larga lista de quejas… y deseos.
La exigencia principal de Jorge Espino Ascanio, desde luego, es que no lo retiren de su cargo, pero fue mucho más allá en su ambiciosa petición de “protección” al Poder Judicial de la Federación.
Los actos reclamados por el Auditor fueron los decretos aprobados por el Congreso para modificar el proceso de selección y entrega-recepción para el titular de la Auditoría.
Pero además agregó lo que considera “la omisión de no ratificarlo en el cargo de Auditor Superior del Estado para el período 2024-2032”.
Es decir, Espino Ascanio, reclama que la justicia federal obligue al Congreso de Tamaulipas a considerarlo como Auditor por ocho años más.
En el documento, también se queja de “el tormento y tortura psicológica que causa la separación del cargo de manera ilegal, así como los malos tratos de incomunicación y cualquier otro prohibido por el artículo 22 Constitucional”.
Otra joya de la demanda presentada por el titular de la ASE -hasta el 8 de febrero cuando concluye su encargo- es el reclamo para que se le reconozca como auditor hasta el 2025, pues luego de su nombramiento, el Legislativo de Tamaulipas aprobó una reforma para que el periodo de los auditores dure ocho y no siete años.
Lo más curioso es que los supuestos agravios expuestos por el demandante fueron suficientes para que la jueza Rosa María Cortes Torres, le otorgara una suspensión provisional para que permanezca en su cargo hasta que se resuelva de manera definitiva la demanda de amparo, lo cual podría ocurrir incluso más allá del 9 de febrero.
Esto motivó que el presidente de la Diputación Permanente recurriera a una segunda instancia, que finalmente revocó la suspensión.
Los argumentos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil parecen elocuentes.
“El nombramiento del hoy quejoso, aún vigente, mediante Punto de Acuerdo LXIII-61, de nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Tamaulipas designó como Auditor superior del Estado a Jorge Espino Ascanio, aquí quejoso, por un periodo de siete años, contados a partir de la expedición de dicho punto de acuerdo; lo que conduce a que dicho nombramiento fenecerá el próximo nueve de febrero de dos mil veinticuatro”.
Por ello, concluyeron por unanimidad los magistrados, la suspensión provisional otorgada por la jueza de distrito, “implicaría la afectación al interés y el orden público”.
La determinación del Tribunal Colegiado no tumba la demanda de amparo, pues el juicio sigue vigente, pero por lo pronto hasta que éste concluya, tiene que continuar la entrega-recepción tal como indica la ley, y dentro de 23 días, Espino Ascanio deberá dejar las oficinas que ocupó por siete largos años.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
