Ayer la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma judicial, que seguirá su proceso en el Pleno a partir del 1 de septiembre, cuando Morena y aliados ya cuenten con la reforma constitucional.
El viernes pasado, también avanzó en comisiones la iniciativa que elimina siete organismos autónomos.
Ambos dictámenes serán aprobados sin problemas dentro de unos días y más allá de la narrativa que ha intentado instalar la oposición de una dictadura en ciernes, lo cierto es que se trata de reformas ambiciosas que significan una transformación verdadera en la estructura pública del país.
En el caso de la reforma judicial, por ejemplo, se estipula que el 8 de junio del 2025, es decir en diez meses, los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
En el caso de Tamaulipas, serán la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito, unos 25, los que serán sometidos a votaciones.
Quienes ocupan esas posiciones podrán participar como candidatos, o retirarse para dejar esas plazas vacantes.
En las boletas de los tamaulipecos también se elegirán a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no serán once sino nueve.
Dos años después, en la elección concurrente del 2027 se elegirán al resto de jueces y magistrados federales de Tamaulipas.
¿Cómo se definirá las posiciones que van primero a la elección? Según lo que dice el dictamen aprobado, primero serán sometidos a las urnas los distritos donde hay vacantes o jueces en proceso de jubilación.
También en el 2027 se sometería a votación por primera vez la integración del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y la totalidad de los jueces de distrito del Poder Judicial local.
La próxima Legislatura que toma posesión el 1 de octubre en el Congreso de Tamaulipas tendrá la obligación de aterrizar la reforma en el ámbito estatal y establecer las bases para la elección popular de jueces.
Otra tarea que le tocará a los diputados entrantes será armonizar la ley de transparencia, para dar cauce legal a la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, como ordena la reforma aprobada en comisiones de San Lázaro la semana pasada.
El organismo creado en el 2008 y señalado recientemente por su escasa productividad y por sus gastos sospechosos, dejaría de operar, y sus funciones tendrían que ser adoptadas por alguna dependencia del Ejecutivo Estatal, para que se garantice el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Queda claro: vienen meses trascendentales para el futuro de la vida pública del país.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
