El circo senatorial, en que se aprobó la reforma judicial, es vergonzoso, por lo que resulta harto cuestionable su sustentación jurídica, al no permitírsele a los legisladores debatir en torno a su contenido, sino que la sesión quedó marcada por la diatriba, el escándalo y la descalificación entre dos bandos.
Y, como se esperaba, la ‘aplanadora’ al servicio Andrés Manuel López Obrador –conformada por morena, PT, PVEM, PRD y un ‘Judas’ panista–, concretó su orden de sacar avante la modificación constitucional.
Inclusive el senador Francisco Daniel Barreda Pavón (MC) optó en no ir a la sesión, pretextando sus compañeros de bancada que se encontraba en Campeche tratando de proteger a su padre de la persecución ordenada por la gobernadora de esa entidad, Layda Sansores Sanromán. Hasta el momento no ha dado la cara y eso despierta sospechas de su traición al bloque opositor.
Con este regalo en el ocaso de su administración, el tabasqueño se irá feliz a ‘La Chingada’ –su ranchito enclavado en Palenque, Chiapas–, quizá el día dos de octubre, tras entregarle la estafeta presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo, quien, igual llamó a los diputados y senadores a respaldar la iniciativa reformatoria del tabasqueño, que finalmente alcanzó 86 votos contra 41 en contra.
La reforma va, ciertamente, pese a registrar lagunas en el propósito de sanear al Poder Judicial porque no hay claridad en cuanto a la selección de candidatos a ser electos ministros, magistrados y jueces de la judicatura, ni ofrece pormenores de cuándo y cómo serían sustituidos los 11 ministros, o, en su caso, los magistrados y/o jueces federales que suman más de 2,600, en todo el país, para dar certeza al pueblo de imparcialidad y eficiencia.
En principio, porque el tabasqueño, en julio ocho del año en curso, dijo que, en la iniciativa se le fue que deben de tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, o magistrados, porque es partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley y debe dárseles oportunidad.
Es decir, cualquier abogado recién desempacado de las aulas, sin que tenga ninguna experiencia laboral, podría postularse. El rechazo a la reforma, no ha terminado, por lo que se espera que los cerca de 56 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ministros, magistrados, jueces, colegios y barras de abogados, estudiantes de leyes y todos los grupos inconformes se reagrupen para seguir manifestándose. Eso quizá no cambie las cosas, pero sí dejará constancia de que no es el Congreso de la Unión un poder donde se privilegia la democracia. Ya ve usted, con el voto de un ‘Judas’ (Miguel Ángel Yunes Márquez), que cuenta con dos órdenes de aprehensión, la banda legislativa oficialista pudo reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por eso, de aquí en adelante, los lópezobradoristas más conspicuos quizás lo verán como como ‘héroe’ de la Patria. Hay que estar atentos a la reacción de los mercados internacionales y las observaciones que hagan los hombres del dinero e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
TARIFAS EXCESIVAS
A lo largo de muchos años, la sociedad civil (de manera organizada) ha exigido por distintos canales que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconsidere sus tarifas porque éstas son desde cualquier punto de vista un claro atentado contra la economía familiar.
Esto, cuando menos, en Ciudad Victoria. Incluso, otrora, ha ganado la calle. Y se ha manifestado en las instalaciones de la CFE demandando un freno a tanto abuso, aunque sin encontrar una respuesta favorable a su queja, porque el tabulador lo diseñan allá en el centro del país algunos burócratas insensibles como inhumanos que, por cierto, no pagan ni un centavo por el servicio que se les otorga como una prestación laboral y se carga a la cuenta de millones de consumidores.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo poblacional para sacar avante la reforma judicial, gran parte de la sociedad civil le tendió la mano. Y más los tamaulipecos –como claramente se registra en los anales periodísticos–, por lo que el inquilino de Palacio Nacional obligado está a devolver la copa.
¿Cómo? Atendiendo la solicitud de una reclasificación acertada de las tarifas eléctrica, Él ha dicho que primero los pobres, ¿verdad? Entonces ¿por qué no asistirnos en este tema que es harto lesivo para la economía familiar?
