En 12 días comienza una nueva etapa política para Tamaulipas: los nuevos alcaldes y los miembros del Congreso del Estado tomarán posesión de sus cargos, inaugurando un ciclo que estará cargado de expectativas, por la manera en la que se dieron los resultados del pasado de 2 de junio.
Desde hace muchos años -al menos dos sexenios estatales- no había una una fuerza política con tanta hegemonía en la entidad.
El poder que ahora concentra Morena, en manos del gobernador Américo Villarreal Anaya, es el suficiente para establecer su visión de gobierno, y sentar las bases para que perfilar una sucesión que sea acorde con esa agenda.
En un estado donde las tensiones políticas en los últimos años han sido constantes y los temas de seguridad, desarrollo económico y gobernabilidad se entrelazan de manera compleja, los nuevos representantes municipales y legislativos tendrán la oportunidad, y la responsabilidad, de abordar estos problemas con enfoques renovados.
No será fácil.
Los alcaldes entrantes recibirán una herencia administrativa con luces y sombras. Por un lado, algunos municipios han avanzado en áreas como la infraestructura básica y el desarrollo urbano, mientras que otros continúan rezagados en aspectos esenciales.
Casos como Matamoros o Reynosa -los dos municipios más poblados de la entidad- ejemplifican esa deuda con los ciudadanos.
En el primero, Beto Granados tendrá que hacer lo posible por estabilizar la ciudad tras casi seis años de gobierno de “La Borrega”, y en el segundo, Carlos Peña Ortiz tendrá que seguir navegando las tormentas políticas que un día sí y otro también, desata el clan familiar al que pertenece.
El Congreso del Estado también experimentará un relevo significativo. Con la toma de posesión de los nuevos diputados, la legislatura se renovará con voces que, en teoría, deberían responder a las demandas ciudadanas que surgieron durante las campañas electorales.
Entre las principales expectativas está la capacidad de los legisladores para aprobar reformas que realmente impacten en áreas sensibles como la seguridad, la educación y el desarrollo económico.
Y claro, echar abajo los candados que dejó la administración cabecista. El objetivo debe ser que el aparato de procuración de justicia ya no responda los intereses de ese grupo político, sino a la necesidad de reducir los índices de impunidad en el estado.
A falta de una oposición sólida en la 66 Legislatura, acaso el reto más importante para la bancada morenista sea preservar la unidad que en más de una ocasión se quebró en los últimos tres años.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
