CIUDAD VICTORIA, TAM.- La confirmación de la Legislatura 66 que tomará protesta el 30 de septiembre le permitirá a Morena y partidos aliados, llevar a cabo una agenda parlamentaria y política que se les había negado por no contar con la mayoría calificada.
Ahora, la situación será diferente y la bancada de la 4T ya adelantó que llevarán a cabo todos los procesos que sean necesarios para derribar los candados que dejó la administración panista
El futuro presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera, confirmó que una de esas tareas sería la remoción del actual titular de la Fiscalía Especializada e n C o m b a t e a l a Corrupción, aunque deberán ser cuidadosos para cumplir con los procedimientos legales.
“Tenemos los 24 votos necesarios y, como dicen, a grandes poderes, grandes responsabilidades. Lo que hagamos será para el beneficio de Tamaulipas a corto, mediano y largo plazo”, dijo en entrevista para EXPRESO.
En más de una ocasión, el Congreso buscó separar de su cargo al Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda; luego de varias acciones se logró su despido, pero en menos de un mes regresó a su puesto, después de que un juez federal le otorgara una suspensión, reconociéndole el fuero constitucional contra la orden de aprehensión que tiene en su contra.
A la fecha, sigue en discusión si es apto para seguir en esa posición dado que no acreditó los exámenes de control y confianza necesarios para desempeñar ese cargo. La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ha mostrado en 2023 un nivel de productividad que dista mucho de las expectativas ciudadanas.
Aunque las investigaciones iniciadas son numerosas, los resultados efectivos son escasos. Las pocas sentencias condenatorias, la escasa recuperación de recursos y la gran cantidad de expedientes aún en trámite muestran el balance negativo de esta institución que ha estado en la mira desde su creación, por su evidente uso como aparato de coacción política. Los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran una fiscalía atascada en procesos interminables, con un balance muy pobre en cuanto a resultados efectivos.
Durante 2023, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas inició 273 investigaciones. Sin embargo, de esas investigaciones, solo 55 concluyeron, y no necesariamente de manera favorable para la justicia. La mayoría de estas resoluciones se dio a través de determinaciones que no culminaron en la imputación de responsabilidades.
Entre las cifras más reveladoras se encuentran las 66 investigaciones que concluyeron con determinaciones de no ejercicio de la acción penal, es decir, investigaciones que terminaron sin que se tomaran medidas judiciales. A esto se suman cinco casos en los que se determinó la abstención de investigar, lo que también pone en duda el compromiso de la Fiscalía para llevar ante la justicia a los responsables de actos de corrupción.
De las investigaciones judicializadas —solo 13 en total—, apenas seis llegaron a la etapa de vinculación a proceso, mientras que en siete de ellas los jueces determinaron que no había elementos suficientes para vincular a los acusados. Esta disparidad de resultados deja en evidencia las dificultades que enfrenta la Fiscalía para consolidar los casos ante el sistema judicial. El balance de sentencias también es negativo.
A lo largo de 2023, solo se dictaron tres sentencias en casos de corrupción, de las cuales dos fueron condenatorias y una absolutoria.
Si bien las condenas pueden considerarse un avance, su escaso número refleja una Fiscalía que, en comparación con las investigaciones abiertas, está obteniendo muy pocos resultados en términos de justicia efectiva. Un aspecto que agrava este panorama es que de las tres sentencias, ninguna implicó una reparación del daño para las víctimas de la corrupción o para el erario público, salvo el ingreso de apenas 18 mil pesos a la hacienda pública como resultado de una suspensión condicional del proceso.
Este monto es irrisorio considerando la magnitud y las consecuencias que los actos de corrupción tienen para el estado y sus ciudadanos. Otro dato significativo es el alto número de investigaciones que permanecen en trámite: 531 expedientes continúan abiertos, independientemente del año en que se hayan iniciado.
Este número pone en evidencia la sobrecarga de trabajo que enfrenta la Fiscalía, lo que, sumado a su escasa capacidad operativa, da como resultado una lentitud notable en la resolución de casos. De las 326 denuncias recibidas a lo largo del año, solo 117 investigaciones fueron iniciadas de oficio, lo que sugiere que la Fiscalía sigue dependiendo en gran medida de las denuncias externas para activar su labor.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas cuenta con 54 empleados. En su personal se incluyen nueve ministerios públicos, tres peritos y nueve policías investigadores, quienes tienen la tarea de procesar las denuncias e investigaciones.
Este rezago en la capacidad operativa no es un problema menor. Si se comparan las cifras de la Fiscalía Anticorrupción con las necesidades de un estado como Tamaulipas, cuya historia de corrupción ha estado muy presente en la agenda pública, queda claro que el aparato institucional queda a deber.
El balance final del trabajo de la Fiscalía en 2023 deja una sensación de frustración en gran parte de la sociedad tamaulipeca. La falta de sanciones contundentes contra los responsables de actos de corrupción y la lentitud en el procesamiento de las investigaciones son elementos que erosionan la confianza pública en el sistema de justicia.
Entre las denuncias rezagadas que mantiene la FECC, hay más de 50 presentadas por la actual administración estatal en contra de ex funcionarios, incluyendo al ex gobernador García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos de corrupción, de las que apenas tres se judicializaron.
Raúl Ramírez Castañeda ha estado en el ojo del huracán por su aparente protección a los funcionarios de la administración anterior, pero también por presuntos actos ilegales.
Hace dos años, cuando arreció el proceso electoral del 2021 y 2022, la Fiscalía Anticorrupción abrió diversos procesos por los que tuvieron que solicitar amparos diferentes funcionarios y políticos ligados al partido Morena. Entre ellos se encuentran los alcaldes de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Matamoros, Mario Alberto López Hernández; de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas; y de Victoria, Eduardo Gattás. También se aceleró una indagatoria contra la diputada Úrsula Salazar Mojica.
“En Tamaulipas la corrupción no se negocia, se denuncia y se castiga, ¡nadie por encima de la ley!”, esa fue la bandera con la que se creó y aprobó en julio de 2017 por el Congreso de Tamaulipas una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas.
Sin embargo, desde esa fecha y luego de más de mil denuncias que ese organismo ha recibido para investigar, menos del 10 por ciento han sido judicializadas, de acuerdo con información de la misma dependencia. Además, Ramírez Castañeda fue denunciado el pasado 19 de mayo ante la FGJ, por haber incurrido en uso ilegal de atribuciones y facultades.
La denuncia indica que el 1 de septiembre de 2017, Raúl Ramírez Castañeda fue nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, cargo que ocupó hasta el 7 de septiembre de 2021, cuando presentó su renuncia. Tras su dimisión, la administración estatal de esa época le otorgó una gratificación de $421,946.31 (cuatrocientos veintiún mil novecientos cuarenta y seis pesos con treinta y un centavos M.N.) por los servicios prestados. Sin embargo, la Constitución del Estado prohíbe este tipo de pagos si no están previstos por la ley.
El artículo 160 de la misma establece: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que estas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Asimismo, el Código Penal de Tamaulipas, en su artículo 222, establece que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: “El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal”. Este mismo artículo añade que las sanciones se aplicarán a cualquier persona que, a sabiendas de la ilicitud del acto, participe, solicite o promueva su comisión, en perjuicio del patrimonio público o de terceros.
El escándalo del Fiscal Anticorrupción comenzó antes, el 26 de octubre de 2022, cuando llegó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el oficio CNI/DG/319/2022. Audomaro Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, informó que Raúl Ramírez Castañeda, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, no cumplió con uno de los requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía: la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Y aunque ello implicaría una renuncia o destitución inminente, ocho días después, el Fiscal tramitó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Fiscal General de Estado y el Fiscal en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia. En su demanda, Raúl Ramírez dijo que era objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Acusó también, ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción.
El Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por Raúl Ramírez Castañeda, lo que le ha permitido seguir en sus funciones y continuar recibiendo sus percepciones económicas y de seguridad social que por ley recibe, además de que su servicio de escolta no será removido.
El Juez Alvarado López decretó que “cesen de inmediato los actos consistentes en cualquier modo que desacredite, deshonre, afecte la reputación y la infamia frente a la sociedad, considerando la repercusión a la salud y posiblemente la vida, de la parte quejosa”.
La coordinación jurídica del Gobierno del Estado, presentó un recurso de conflicto de competencia, para que el juicio de Amparo pasara del juzgado séptimo al décimo primero para su resolución.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal Colegiado resolvieron que dicho amparo se mantenga en el juzgado séptimo, donde originalmente fue promovido por el Fiscal Anticorrupción en 2022 para evitar ser removido del cargo. A partir de entonces, el caso se desvaneció.
A nivel nacional, el combate a la corrupción ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda pública, con múltiples esfuerzos a nivel federal por fortalecer las fiscalías especializadas. Sin embargo, el caso de Tamaulipas pone en evidencia las profundas carencias institucionales que existen en los estados y cómo estas limitaciones afectan directamente la efectividad de las políticas anticorrupción.
POR STAFF
