A una semana de la toma de protesta de los nuevos gobernantes en todo México, nos encontramos ante un momento de reflexión. Más allá de los protocolos solemnes, los invitados distinguidos y los discursos cargados de promesas, lo que realmente importa es el compromiso que cada uno de estos líderes asumió al pronunciar las palabras clave de su investidura: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”.
Este juramento no es un simple formalismo, sino la manifestación pública de una responsabilidad ineludible. Al pronunciarlo, cada presidente, gobernador, alcalde y legislador asume la obligación de defender el marco legal que garantiza el orden democrático. Más allá de las promesas de campaña, este compromiso representa un pacto inquebrantable con la legalidad y la ciudadanía.
El significado detrás de esas palabras trasciende el discurso político. Implica que el gobernante electo es, desde ese momento, el principal responsable del destino de su gobierno. Si bien se rodean de equipos y gabinetes, al final del día, los errores y desaciertos serán demandados al propio mandatario, quien es el responsable de las acciones de su gobierno.
La elección de un gabinete no es solo un acto administrativo; es una decisión que determina la calidad del gobierno. Los funcionarios que lo acompañan deben ser personas capacitadas, con verdadera vocación de servicio. Al final del día, cualquier desatención o falta de compromiso con la ley recaerá en quien juró cumplirla y hacerla cumplir.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante el evento «Dos años de memorias de una Transformación», reunió a los 43 alcaldes del estado, legisladores y líderes civiles y militares. En su mensaje, dejó claro que su administración estará basada en el diálogo, la unidad y los acuerdos, no en imposiciones. Además, durante la ceremonia de Honores a los Símbolos Patrios, reafirmó su compromiso con el municipio libre y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno.
Estos eventos en Tamaulipas reflejan la necesidad de que los gobernantes cumplan su obligación de respetar la ley y atender las necesidades reales de su pueblo. La lealtad al mandato constitucional no es negociable y es la base sobre la cual se construye la legitimidad de cualquier administración.
En palabras de Winston Churchill: «La responsabilidad es el precio de la grandeza». Cada gobernante que ha tomado protesta tiene ahora la responsabilidad de no defraudar a quienes lo eligieron, de cumplir con el mandato constitucional y de no olvidar que el servicio público es, ante todo, un acto de lealtad hacia el pueblo. El poder es pasajero, pero las acciones —y las omisiones— dejarán una huella que perdurará mucho más allá de los discursos de toma de protesta.
Eric Valdez Gómez
Consultor en Comunicación Política (Compol)
Experiencia en Campañas Políticas en México y Extranjero
Enfoque en Comunicación, Medios y Marketing Digital
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