Más que el proceso de reforma judicial que ya tomó su ritmo institucional y que la seguridad que estaría haciendo los últimos amarres de coordinación, hay muchos indicios que revelan la preocupación número uno en las principales oficinas de Palacio nacional: la política económica para 2025, con un cierre crítico y depresivo de 2024.
Los funcionarios palaciegos del despacho presidencial y de Hacienda están pasando muchas complicaciones para cuadrar las cifras del cierre de 2024 y las expectativas e incertidumbres para 2025, sobre todo porque el Fondo Monetario Internacional entregó el pasado 15 de octubre su reporte de revisión de los escenarios económicos de México que por obligación se deben de cumplir en tanto que existe firmada una Carta de Intención de política económica para tener acceso a un a créditos de reserva para crisis latentes, además de que la supervisión del FMI sobre México forma parte de la subordinación señalada en el artículo cuarto del organismo internacional.
Desde 1976-1977, la supervisión del FMI ha sido intensa en tanto que como organismo tiene la facultad de otorgar o negar avales a los países en crisis económicas para tener acceso a los créditos estabilizadores del fondo o como aval en directo a créditos internacionales privados.
A pesar del discurso gubernamental del sexenio de López Obrador en el sentido de que la política económica la definían los mexicanos, los acuerdos de estabilidad le permiten al Fondo vigilar el funcionamiento de la política económica de los países socios en el punto sensible de la inflación como una de las amenazas desestabilizadoras mundiales, y de ahí toda la doctrina fondomonetarista se sustenta en el pensamiento económico neoliberal del mercado que señala la relación directa entre la inflación y el gasto público.
Las crisis populistas mexicanas 1973-1976 y 1981-1982 estallaron porque los gobiernos de Echeverría y López Portillo no se ajustaron a las recomendaciones del Fondo de bajar el gasto público y el PIB para evitar el descontrol de la inflación, toda vez que los presidentes sustituyeron ingresos fiscales por déficit presupuestal que llegó a ser de hasta 16%.
El reporte del FMI del pasado 15 de octubre pone el dedo en la llaga: el déficit presupuestal mexicano que debiera ser menor a 2% podría cerrar el año de 2024 con una cifra de 6%, obligando a esfuerzos recaudatorios draconianos y a recortes de algunos gastos sociales para financiar las obras públicas prioritarias. La carga fiscal de México –el porcentaje de cobro de impuestos– es de 14%, en tanto que la media latinoamericana sería de 27%.
Este contexto, el reporte del FMI estaría mandando el mensaje de que en Washington ya se percataron que el gasto público lopezobradorista se habría estado financiando con deuda pública, cuya cifra bruta podría llegar cerca del 58% del PIB, cuando las autoridades hacendarias juran y perjuran que está abajo de 50%.
Aunque en Palacio Nacional insisten en que no se aceptan ni siquiera consejos de organismos financieros internacionales, el reporte del Fondo sobre México dejó muy claro el dilema: o México busca y aplica “una reforma tributaria integral al inicio del nuevo gobierno, una reducción duradera del déficit fiscal acompañada de una cuidadosa fijación de prioridades de gasto público y la corrección de desigualdades en el sistema de pensiones” o las finanzas públicas del primer año formal del Gobierno de Sheinbaum, el 2025, tendrá severos problemas en estabilidad macroeconómica que descomponga toda la política económica anual.
Una cosa es que el discurso político señale, enfatice y reitere que se vive un modelo económico posneoliberal –aunque se siga aplicando los ajustes neoliberales– y otra cosa muy diferente es la realidad que revisan y supervisan los técnicos del FMI. El reporte del fondo recoge el compromiso formal de las autoridades mexicanas para “iniciar una importante consolidación fiscal en 2025 que debería reducir el déficit a menos del 3% del PIB a mediano plazo”, y allí es en donde los técnicos de Hacienda no encuentran la cuadratura del círculo: cómo cumplir con los compromisos políticos del nuevo Gobierno de la presidenta Sheinbaum y los gastos adicionales por algunas de sus reformas con la expectativa de un déficit presupuestal de casi 6% en 2024 y el compromiso de bajarlo a 3% sólo vía menos gasto.
Y allí es en donde el reporte del Fondo dejó muy clara su recomendación: “el presupuesto de 2025 debería centrarse en reducir el gasto fiscal y revaluar las tasas de umbrales impositivos, especialmente en el impuesto sobre la renta a las personas físicas una mejor racionalización del gasto, incluidas las excepciones fiscales de una mejor Administración Tributaria”.
El presupuesto federal para 2025 será clave para el nuevo gobierno.
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Por Carlos Ramírez
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