La primera fase del proceso de selección para las posiciones de jueces y magistrados federales culminó con el filtro de elegibilidad aplicado por los Comités de Evaluación del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.
Los resultados preliminares muestran que, de los 691 aspirantes registrados en Tamaulipas, solo 377 cumplieron con los requisitos constitucionales y procedieron a la siguiente etapa, lo que representa un 55% del total.
El proceso, iniciado con la recepción de solicitudes en las distintas instancias del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, busca ocupar 25 plazas vacantes en Tamaulipas, divididas entre magistraturas y juzgados.
El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo recibió un total de 629 expedientes, de los cuales 366 aspirantes cumplieron con los requisitos y fueron declarados elegibles.
De esos, 191 expedientes correspondían a aspirantes a magistraturas, de los cuales 120 fueron aprobados, y 438 expedientes pertenecían a aspirantes a juzgados, de los cuales 240 superaron el filtro inicial.
Llama la atención el contraste entre las cifras del Ejecutivo y las del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Este recibió solo 62 expedientes, y por lo visto aplicó un filtro mucho más estricto, pues solo 11 aspirantes fueron declarados elegibles, y se rechazaron 22 aspirantes a magistraturas y 29 aspirantes a juzgados.
En realidad, al menos en el papel, no parecía tan difícil sobrevivir a esta primera criba.
Los requisitos indispensables eran tener un Título profesional en derecho, promedio académico mínimo de ocho, la presentación de un ensayo de trabajo y cinco cartas de respaldo.
Entre los 377 candidatos que lograron avanzar a la siguiente etapa del proceso, hay una gran cantidad de integrantes actuales del Poder Judicial que buscan ascender en el escalafón para llegar a jueces o magistrados.
Destacan los nombres de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que buscan dar el brinco al ámbito federal: David Cerda Zúñiga, Javier Valdez Perales y Noé Saenz Solís, quienes ya notificaron su renuncia que será válida a partir del 1 de octubre del 2025, cuando entren en funciones los nuevos magistrados.
Este primer filtro era el más sencillo de pasar, pues bastaba con acreditar los requisitos constitucionales; ahora viene el proceso más complejo.
El 31 de enero es la fecha límite para que los Comités de Evaluación califiquen la idoneidad de los aspirantes y publiquen el listado final de candidatos elegibles. Es en esta fase donde entra en juego el papel decisivo de los integrantes de estos comités, que después de palomear a los “idóneos” , deberán llevar a cabo la tómbola para ajustar el número de postulantes a cada cargo, observando el principio de paridad de género.
El 6 de febrero las dos Cámaras aprobarán los listados definitivos y los devolverán a sus respectivos Comités de Evaluación.
Y un par de días después, los listados aprobados serán remitidos al Senado de la República, que los entregará al Instituto Nacional Electoral; y de ahí a las boletas para participar en una elección histórica y compleja.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
