TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mario Gómez Monroy, ex Secretario de Educación de Tamaulipas (SET) fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado, tras presuntamente desviar 8.2 millones de pesos, al celebrar un convenio irregular con la aseguradora Metlife.
Es el primer ex funcionario de primer nivel de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en recibir una sentencia condenatoria, luego de casi 100 denuncias interpuestas por la actual administración.
La Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Martha Patricia Rodríguez Salinas, dictó lo que dijo, es una “sanción media”, al considerar que el imputado no había delinquido anteriormente, aunque sí era consciente de que sus acciones violaban la normatividad para los servidores públicos.
La pena dictada fue de 19 años de prisión, inhabilitación por 4 años y 6 meses para ostentar un empleo, cargo o comisión pública, además del pago de 52,921 pesos, equivalentes a 550 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) durante el periodo en que sucedieron los hechos.
La juzgadora aclaró que la pena de prisión contará a partir de que la sentencia quede firme, ya que actualmente el ex funcionario tiene como medida cautelar el asistir a firmar periódicamente y la prohibición de salir del país.
En cuanto a la reparación del daño, la jueza determinó el pago de 8 millones 285,878.87 pesos a la parte ofendida, la Secretaría de Educación Pública (SET).
Al ex titular de la dependencia se le acusa de celebrar indebidamente un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife, cuando se desempeñaba como Subsecretario de Administración de la SET.
Durante el periodo que tuvo vigencia el convenio, es decir, del 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022, Metlife hico depósitos y transferencias a una cuenta bancaria de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, por 8 millones 285 mil 878.87 pesos.
Posteriormente el recurso fue distraído para efectuar pagos por distintos conceptos, entre otros, reparción de vehículos, alimentación, compra de regalos, renta de mesas y gastos por comprobar, sin haber sido regulados por la Secretaría de Finanzas del Estado.
La audiencia que inició a las 12:30 horas, fue seguida por Mario Gómez Monroy a través delitos plataforma Zoom debido a problemas de salud; vistiendo camisa azul y cubrebocas, escuchó la sentencia de la jueza.
Más temprano, en los alegatos de clausura, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, había insistido en solicitar la pena máxima para ambos delitos, mientras la defensa señalaba que era anticonstitucional y desmedida.
Al tomar la palabra en esa etapa de la audiencia, solo manifestó: “soy inocente y así mantengo mi calidad, y estoy a su disposición”.
Será el próximo viernes cuando continúe el proceso en una audiencia de lectura y explicación de la sentencia, tiempo en que la defensa puede presentar algunos otros recursos legales para inconformarse con la sentencia dictada.
Cinco ex funcionarios que integraron el gabinete del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atraviesan procesos judiciales avanzados en Tamaulipas, acusados de delitos vinculados con corrupción, peculado y abuso de autoridad.
Los casos han alcanzado la fase de juicios orales y constituyen algunos de los procesos más relevantes entre las más de cien denuncias presentadas por la actual administración encabezada por Américo Villarreal Anaya.
Los ex titulares de las secretarías de Bienestar, Educación, Administración, Desarrollo Urbano y Contraloría enfrentan estos procedimientos legales, a los cuales se han sumado recientemente denuncias contra ex funcionarios del sector salud, incluyendo a la ex secretaria Gloria Molina.
El origen de estas investigaciones se remonta a auditorías y revisiones ejecutadas por diversas dependencias estatales, que posteriormente remitieron la documentación a la entonces Contraloría, ahora denominada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esta instancia se encargó de integrar los expedientes respectivos y presentarlos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, organismo que formalizó las denuncias y las sometió a consideración de los jueces de control correspondientes.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
