Ciudad de México.— Autoridades federales confirmaron que la pipa de gas LP que explotó el pasado miércoles 10 de septiembre en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, no contaba con póliza de seguro vigente al momento del accidente. El incidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, al menos 90 lesionadas y decenas de vehículos dañados.
De acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la unidad, propiedad de la empresa Transportadora Silza (Gas Silza) —filial del Grupo Tomza— no tenía cobertura de responsabilidad civil ni ambiental, como exige la ley para el transporte de gas LP.
La póliza anterior había vencido el 12 de junio de 2025. No existe registro de renovación activa para el vehículo siniestrado ni para su operación en ruta, a pesar de que la empresa sí mantenía permisos vigentes de transporte ante la Comisión Nacional de Energía.
Hechos del accidente
El percance ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando la pipa volcó al tomar una curva cerrada. Testigos y reportes técnicos indican que la volcadura provocó una fuga de gas, y minutos después se produjo una explosión de gran magnitud.
La onda expansiva afectó más de 28 vehículos, provocó incendios y obligó al cierre total de la Calzada Zaragoza durante horas. Equipos de emergencia de la Ciudad de México y del Estado de México participaron en la atención.
Daños y respuesta oficial
El reporte preliminar de Protección Civil y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indica:
• 4 personas fallecidas, entre ellas transeúntes y conductores.
• 90 personas lesionadas, algunas con quemaduras graves.
• 18 automóviles y 2 camiones calcinados o con pérdida total.
• Daños estructurales en el entorno inmediato.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales y que se activaron los protocolos de atención integral: médica, psicológica y jurídica. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) también participa.
Investigación y seguimiento
La ASEA, junto con la Fiscalía y peritos especializados, realiza indagatorias para determinar el grado de responsabilidad de la empresa. Por ahora, se ha documentado la falta de seguro, lo que puede derivar en sanciones administrativas y responsabilidad civil directa.
Hasta el momento, no se ha informado de multas aplicadas ni de montos de indemnización para víctimas y afectados. La empresa no ha emitido una postura pública.
