CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras la detección de nuevas prácticas de huachicol fiscal en el puerto de Tampico, el gobierno de Tamaulipas anunció el fortalecimiento de sus mecanismos de control sobre el transporte de combustibles, así como en estaciones de carburación y gasolineras.
El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que desde su paso por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya se habían identificado esquemas de manipulación, como carrotanques alterados en carretera o sellos modificados en terminales para “ordeñar” parte del producto de las pipas.
“En algunos casos, las pipas se descargaban a mitad del camino o los combustibles eran adulterados con solventes y alcoholes. Esto no solo constituye un fraude, también representa un riesgo para el usuario y el medio ambiente”, advirtió.
Explicó que entre las acciones de la estrategia, se contempla la inspecciones en expendios, patios de trasvase y estaciones de carburación, además de la creación de un padrón de marcas, a fin de que los consumidores puedan verificar en a página de la Profeco, la legalidad y calidad del combustible adquirido.
Ángel Jiménez adelantó que se trabaja en coordinación con Protección Civil y autoridades federales para intensificar la vigilancia en carreteras y terminales, además de impulsar propuestas que permitan a los estados estar más pendientes en la supervisión del sector.
“No se trata de señalar que Tamaulipas es un estado con alta incidencia de huachicol, sino de reconocer que ha faltado seguimiento y verificación en actividades reguladas a nivel nacional”, precisó.
El funcionario subrayó que además es necesario diferenciar las modalidades de este ilícito, ya que le ordeña de ductos es la extracción ilegal directa de infraestructura de Pemex.
La adulteración es la mezcla de gasolinas con solventes o residuos industriales, principalmente importados desde Texas, mientras que el huachicol fiscal es la evasión de impuestos mediante clasificación arancelaria indebida de los combustibles que ingresan al país.
“Es fundamental distinguir estas prácticas, porque sus orígenes son distintos y generan afectaciones diferentes tanto al consumidor como al mercado”, concluyó.
Revocan permisos
Tamaulipas encabeza la lista nacional de revocaciones de permisos para comercialización de combustibles, después de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) cancelara 24 autorizaciones en el estado. Esta cifra supera a entidades como Puebla con 18 revocaciones, Michoacán con 17 y el Estado de México con 17.
La legislación energética permite a la CNE revocar permisos de gasolineras por múltiples infracciones, entre las que se incluyen: incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, violación a la regulación de precios, transferencia no autorizada de permisos, incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, mora en el pago de contribuciones por supervisión, suspensión injustificada de operaciones por más de 30 días y comercialización de combustible de origen ilícito.
Pese a las revocaciones, Tamaulipas mantiene 604 permisos vigentes para la venta de combustibles. En términos de densidad poblacional, el estado se posiciona en cuarto lugar nacional con una gasolinera por cada 5,841 habitantes, por debajo de Baja California Sur (4,270 habitantes por estación), Sonora (5,277) y Sinaloa (5,484).
Como parte de su estrategia de supervisión, la CNE impuso una multa de 3.1 millones de pesos a la empresa Servicio Sombrerito, S.A. de C.V., con sede en Aldama. La sanción se debió a la falta de dictamen vigente sobre el cumplimiento del programa de operación y mantenimiento, así como por no presentar
A nivel federal, la CNE —que reemplazó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)— ha aplicado sanciones por cerca de 450 millones de pesos a empresas de los sectores energético e hidrocarburos, además de cancelar 35 permisos por violaciones normativas.
En el sector hidrocarburos, 56 empresas recibieron multas por 307 millones de pesos debido a la falta de certificación de calidad de combustibles y documentación incorrecta sobre marcas de productos. En el sector eléctrico, 31 compañías fueron sancionadas con 140 millones de pesos por incumplir pagos de derechos, retrasos en el inicio de operaciones y omisiones en estimaciones de demanda.
Adicionalmente, se revocaron 25 permisos de generación eléctrica, incluyendo 22 proyectos solares con capacidad total de 1,372 megawatts, de los cuales 15 pertenecían a empresas extranjeras.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
