Actualmente, se estima que 1 de cada 4 personas en nuestro país experimenta o sufre un problema de salud mental; a pesar de que no existe una cifra oficial, los problemas de naturaleza mental o emocional son una de las principales piedras en los zapatos de los mexicanos.
Aunque suene a cliché, nuestra realidad como sociedad es que los padecimientos relacionados con la salud mental son la principal epidemia de los últimos años y a pesar de que se ha mediatizado mucho, estamos muy lejos de atenderlos puntualmente.
Hay que decirlo como es: gran parte de ese problema tiene su origen en la falta de atención y de legislación en la materia.
Pero que podemos esperar, si aún las personas encargadas de crear y reformar el marco normativo de nuestro estado no son conscientes de la importancia del cuidado de la salud mental; y para muestra, tenemos que tan solo la Legislatura pasada hubo legisladores sufriendo ataques de pánico en Pleno durante algunas Sesiones.
Hablar de salud mental en Tamaulipas ya no puede, ni debe limitarse a discursos de ocasión ni a campañas de sensibilización pasajeras.
Las cifras son contundentes: entre 2018 y 2023 se registraron más de 1,100 suicidios en nuestro estado, en su mayoría hombres jóvenes. Al mismo tiempo, la demanda de consultas en unidades de salud mental creció casi 200% en 2024 respecto al año anterior.
Lo podemos resumir de una manera clara y sencilla: la necesidad es real, existe y la población está pidiendo ayuda, pero las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes, parciales y reactivas.
Y el principal problema desde hace mucho tiempo es que Tamaulipas carece de un marco legislativo integral en materia de salud mental; no contamos con una Ley Estatal de Salud Mental que garantice derechos, defina protocolos de atención, asigne presupuestos específicos ni establezca obligaciones claras para el Estado.
Esto no es algo nuevo, es una realidad que existe desde hace años y los expertos en salud mental lo han gritado abiertamente a los cuatro vientos, pero la respuesta sigue siendo nula. Sigue siendo nuestra eterna asignatura pendiente.
Mientras tanto, los retos y problemas se multiplican: déficit de psiquiatras y psicólogos en el sector público, ausencia de líneas de crisis con cobertura estatal, falta de programas específicos para jóvenes y hombres (los más afectados), entre otras cosas.
Y si, en la actual Legislatura del Congreso del Estado se han presentado algunas iniciativas en la materia, por parte de diputados como Armando Zertuche quien, atinadamente puso el foco en lo importante y propuso la emisión de una Ley de Salud Mental; Patricia Saldívar y Yuriria Iturbe quienes han buscado posicionar el tema desde un enfoque educativo; y Juan Carlos Zertuche y Charo González quienes lo han abordado desde una perspectiva de infancias.
Todas propuestas nobles y notables, pero, lamentablemente, ante la realidad que vivimos en Tamaulipas, el trabajo legislativo en general, se sigue quedando corto en la materia.
No porque sean malas iniciativas, sino porque el aparato legislativo se está viendo lento para brindar soluciones eficaces y eficientes a estos problemas que son el pan de cada día para miles de familias tamaulipecas.
Mientras algunos grupos de poder se enfocan en reabrir cuentas públicas de gobiernos pasados, millones de tamaulipecas y tamaulipecos siguen padeciendo los estragos de la falta de un marco normativo que atienda y procure su salud mental.
La salud mental debe ser prioridad y dejar de ser un tabú o un tema secundario. Se trata de un asunto realmente importante que afecta a las familias, su productividad, su seguridad y a la cohesión social.
Diputadas y diputados: Tamaulipas necesita una legislación que haga de la prevención y la atención en salud mental un derecho exigible, con recursos suficientes y mecanismos de evaluación permanente. Sin ello, seguiremos respondiendo tarde, cuando el daño ya es irreversible.
POR JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
