CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destapó un entramado de irregularidades en el otorgamiento y uso de concesiones de agua en todo el país, con casi 59 mil títulos detectados con inconsistencias graves, lo que ha detonado una ofensiva legal y administrativa sin precedentes.
Tamaulipas, entidad con histórico estrés hídrico y con severos problemas de extracción ilegal en sus cuencas, se perfila como uno de los escenarios más sensibles de esta depuración.
El subdirector de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó que la revisión de los títulos reveló un desorden heredado de sexenios anteriores: bases de datos incompatibles, registros duplicados, coordenadas falsas e, incluso, concesiones agrícolas desviadas hacia usos industriales o recreativos.
Entre los hallazgos, se reportó un caso insólito: un título autorizado en Oaxaca que, en el mapa digital, aparecía en la costa de Tailandia.
En total, de los 536 mil títulos revisados, 58 mil 938 presentaron irregularidades que van desde la falsificación hasta la duplicidad y el uso distinto al autorizado.
Ante ello, la Conagua anunció que impulsará una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas, con un capítulo especial sobre delitos hídricos y sanciones más severas, incluidas penas de extinción de dominio en casos graves.
Tamaulipas, en la lupa
La crisis no es ajena a Tamaulipas, pues aquí, el fenómeno del aguachicoleo ha puesto en jaque a sectores productivos y al abasto de la población, especialmente en el sur y en la frontera norte.
Juan Báez, asesor de Agricultura en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, reconoció que la Conagua carece de personal y de fuerza jurídica para contener este delito.
“El problema es que la Conagua reconoce que no tiene personal suficiente y carece de la fortaleza jurídica para aplicar verdaderamente las sanciones”, expuso.
En la zona sur, la extracción ilegal en las lagunas que abastecen a Tampico, Madero y Altamira obligó recientemente a la intervención de la federación, que canceló varias tomas clandestinas aguas arriba.
Sin embargo, especialistas advierten que las acciones suelen reaccionar únicamente ante emergencias y no forman parte de una vigilancia sistemática.
El epicentro del problema: el Río Bravo
Si bien en la cuenca Guayalejo–Tamesí se han documentado cerca de 80 casos de extracción ilegal, funcionarios estatales advierten que el problema es mucho más crítico en la cuenca del Río Bravo.
El subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola, Américo Rendón Dueñez, confirmó que el déficit hídrico supera los 500 millones de metros cúbicos, lo que fomenta el descontrolado acaparamiento del agua.
“El problema fuertísimo se tiene acá en la zona norte, en el Río Bravo, porque acá hay un déficit arriba de los 600 millones de metros cúbicos”, sostuvo Rendón, al advertir que la extracción ilegal en esta frontera con Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes.
Ante esta situación, la Secretaría de Recursos Hidráulicos estatal y la Conagua planearon un operativo de gran alcance en toda la cuenca del Río Bravo, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, con la participación de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal para proteger a los inspectores.
Sin embargo, de esto no se ha informado nada desde hace varios meses que se dio a conocer dicha alerta.
El despliegue planeado, busca replicar la estrategia aplicada en el Guayalejo, pero con mayor nivel de seguridad debido al riesgo de la zona.
Reforma legal y efectos inmediatos
El director general de Conagua, Efraín Morales, adelantó que la reforma en puerta pretende frenar el “mercado negro” del agua, ya que actualmente los títulos pueden ser vendidos entre particulares, incluso en zonas sobreconcesionadas.
“Parte de lo que se pretende es acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación”, dijo.
La depuración ya ha generado efectos tangibles: la recaudación aumentó 15 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior, con casi 3 mil millones de pesos adicionales, y se recuperaron más de 4 mil 400 millones de metros cúbicos de agua mediante sanciones administrativas y renuncias voluntarias.
En paralelo, la dependencia federal anunció la publicación de un Decreto de Facilidades que permitirá regularizar 63 mil títulos, además de la puesta en marcha de una Ventanilla Digital Única que en enero de 2026 tendrá digitalizados el 100 por ciento de los trámites.
En este contexto nacional, Tamaulipas representa un desafío mayúsculo: mientras en el sur la vigilancia logró detener extracciones ilegales que amenazaban el abasto de tres ciudades, en el norte el Río Bravo se convierte en una zona de riesgo donde el aguachicoleo prospera al amparo del déficit y la falta de lluvias.
El gobierno estatal insiste en que los operativos deben ser permanentes para garantizar el agua a la población y al campo.
Sin embargo, la magnitud de las irregularidades detectadas a nivel nacional muestra que la crisis hídrica no es exclusiva de un estado, sino un síntoma de un desorden histórico que ahora comienza a enfrentarse con sanciones más duras, nuevas leyes y operativos con respaldo de fuerzas de seguridad.
Por Antonio H. Mandujano
Expreso-La Razón
