CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las denuncias contra funcionarios de la anterior administración avanzan en su proceso legal; apenas esta semana se dio a conocer la aplicación de medidas cautelares a la ex Secretaria de Finanzas, María de Lourdes “A”; y el ex titular del ITACE, Luis Fernando” A.
El ex Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto “E”, tiene varias denuncias en su contra, la mayoría de ellas por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas. Incluso ya tiene varias vinculaciones a proceso, sin embargo, como asiste a atender su defensa, el juez del caso, ha determinado medidas cautelares como la firma periódica periódica ante la Unidad de Seguimiento de Causa y Suspensión Condicional en Reynosa, la entrega de pasaporte y visa.
Algunas de las denuncias están relacionadas con la condonación de pago de multas a empresas que habrían infringido la Ley de Desarrollo Urbano, entre ellas la clausura de bancos de materiales.
Aún sin acudir a las audiencias y por lo que tiene vigente una orden de aprehensión, el ex Secretario de Administración Jesús Alberto “S” ha sido vinculado a proceso por delitos como Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, entre otros. En algunas de estas carpetas también se menciona a Elda Aurora “V”, ex Contralora Gubernamental, señalando a ambos funcionarios de adjudicar de manera directa 14 contratos a dos personas morales y una física, por un monto de 8 millones 233 mil 500 pesos, en hechos se registraron en 2022.
En otra de las carpetas, se acusa que en 2020 realizó adquisiciones por un monto de 125 millones de pesos, por lo que también fue vinculado a proceso el ex titular de Administración. Mientras que en una denuncia interpuesta por el abogado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), también se señala a Jesús Alberto “S” por el presunto desvío de más de 180 millones de pesos. En esta denuncia también se señala al ex Gobernador Francisco “G” y el ex Rector Guillermo “C”.
De acuerdo con la denuncia, el Gobierno del Estado simuló la entrega de recursos que corresponden a la UAT a través de un inmueble con un valor real de 13 millones y al que se le asignó un monto de 187 millones de pesos, todo ello como parte de los mil 650 millones que el Estado debería entregar a la Universidad como aportación.
La primera sentencia contra un ex titular fue dictada el 9 de septiembre, contra Mario “G”, ex Secretario de Educación de Tamaulipas (SET), acusado de desviar 8.2 millones de pesos, al celebrar un convenio irregular con la aseguradora Metlife.
La sentencia por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado fue de 19 años de prisión, inhabilitación por 4 años y 6 meses, multa de 52,921 pesos y pago de 8 millones 285,878.87 pesos como reparación del daño. Sin embargo, el caso continúa y la defensa del ex funcionario tiene la posibilidad de apelar la sentencia, por lo que será, una vez que la misma quede en firme que Mario “G” pague con prisión por el delito de que se le acusa.
El caso se remonta al 2018, cuando Mario “G” se desempeñó como Subsecretario de Administración de la SET y firmó con la aseguradora Metlife, un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina. Desde el 15 de enero de ese 2018 al 30 de septiembre del 2022, Metlife hico depósitos y transferencias a una cuenta bancaria de la Secretaría de Educación por 8 millones 285 mil 878.87 pesos. Posteriormente el recurso fue distraído para efectuar pagar reparación de vehículos, alimentación, compra de regalos, renta de mesas y gastos por comprobar, sin haber sido regulados por la Secretaría de Finanzas del Estado.
En este mismo mes de octubre, concluye el plazo de investigación complementaria de la acusación al ex secretario de Bienestar Social (Sebien), Rómulo “G”, a quien se acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas. De acuerdo con la denuncia, en 2021, Rómulo “G”, hizo la contratación indebida de 2 millones 600,000 despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio. Rómulo “G” es el único ex funcionario de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que permanece en prisión, luego que no se presentó a las audiencias cuando fue llamado por la autoridad jurisdiccional.
Debido a ello, fue detenido el 17 de enero de este 2025 en el municipio de Valles, San Luis Potosí y trasladado a Tamaulipas para ser ingresado al penal de Victoria, donde sigue su proceso penal. El último caso es el de la ex Secretaria de Finanzas, María de Lourdes “A”, a quien se acusa de presuntamente haber aplicado recursos del erario estatal a un uso distinto del que estaba destinado. En audiencia celebrada el pasado viernes 10 de octubre, el Ministerio Público acusó que el 5 de agosto de 2021, cuando en su calidad de servidora pública como Secretaria de Finanzas, María de lorudes “A”, hizo una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de 139 millones 328,239.47 pesos. Durante la audiencia, el juez dictó medidas cautelares a la ex funcionaria que estuvo presente para escuchar las acusaciones que se le hicieron, determinando la firma periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días.
Además de la entrega de su pasaporte y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa y del país y el pago de 300 mil pesos como garantía. Esta semana previa, también se vinculó a proceso a otros de los ex funcionarios de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca; Luis Fernando “C”, quien se desempeñó como Director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE). En audiencia del pasado martes 8 de octubre, se acusó al ex funcionario del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, luego de habrer ejercido recursos del Instituto para fines distintos del que estaban destinados, señalándose un monto de alrededor de 9 millones de pesos
Luis Fernando “C”, es otro de los señalados que ha decidido atender las denuncias y acudir al llamado de un juez, por lo que también se determinó que deberá acudir a firmar de manera periódica ante la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, entregar pasaporte y visa.
En contra del ex Director del Itace y otros ex funcionario de la misma dependencia, hay otras cinco investigaciones en curso que podrían judicializarse en fechas próximas, de acuerdo con los avances que presenta la Fiscalía Anticorrupción. En algunas de las denuncias se señalan la contratación de servicios o bienes por medio de empresas sin existir el soporte, siendo el caso de la denuncia que llevó a cabo la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó en la cuenta pública del 2019 se detectaron montos sin aclarar por un total de 183 millones 142 mil pesos, señalando un incremento injustificado de más de 26 millones de pesos en las cuentas por pagar a corto plazo (pago a proveedores). Se observó un importe de 35 millones 434,444 pesos de adeudo correspondiente al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), un sobregiro de 24 millones 875 mil pesos en servicios personales y 26 millones de pesos en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
POR PERLA RESÉNDEZ
