Esteban Castro
Expreso-La Razón
Con el último amparo revocado por la SCJN, el caso de Francisco García Cabeza de Vaca entra en una nueva fase que depende de Washington: la solicitud de extradición espera respuesta y el procedimiento, una vez ejecutada la detención provisional, podría tardar en llegar a su fin entre uno y dos años más.
Esta nueva etapa de la batalla legal del exgobernador sigue al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revocó el 24 de febrero el amparo que protegía a Francisco García Cabeza de Vaca de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado.
La resolución cierra el frente judicial en México, pero no resuelve el problema central: el exgobernador permanece libre en Estados Unidos desde mediados del 2022 y el proceso que decidirá si regresa depende ahora de las instituciones de otro país.
Estados Unidos mantiene congelada desde hace casi dos años la solicitud del Gobierno de México para detener provisionalmente con fines de extradición al exmandatario, quien no ha sido presentado ante ninguna corte federal americana para iniciar el procedimiento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores tramitó una segunda solicitud formal ante la Embajada el 17 de febrero de 2026, una semana antes del fallo de la Corte, y Washington todavía no ha respondido a esa petición renovada ni confirmado si dará curso al requerimiento mexicano.
El procedimiento en manos de Washington
El marco legal que rige el trámite es el Tratado de Extradición México–Estados Unidos de 1978 y el Título 18, Sección 3184 del Código federal estadounidense, que establece el procedimiento ante un juez federal para evaluar si procede la entrega, sin que esa evaluación constituya un juicio sobre culpabilidad.
La primera condición para que el proceso arranque formalmente es la detención provisional: sin ella no hay audiencia de extradición posible, y sin audiencia no hay certificación judicial que habilite al Departamento de Estado para emitir la decisión final, que es de carácter ejecutivo y no legislativo.
Una vez detenido el requerido, el juez federal verifica cuatro requisitos: vigencia del tratado bilateral, doble incriminación, causa probable y validez de las órdenes de aprehensión mexicanas, cuya solidez jurídica acaba de ser respaldada por la Suprema Corte con su fallo unánime.
Esa audiencia toma entre tres y seis meses en condiciones normales, a los que se suman los recursos que la defensa puede interponer en el propio sistema americano, con capacidad para extender el proceso entre seis y doce meses adicionales por cada instancia que se agote.
El exgobernador ya anticipó esa estrategia desde McAllen al declarar públicamente que enfrentará el proceso desde Estados Unidos e interpondrá los medios legales disponibles para evitar ser detenido, lo que anticipa un litigio activo en las cortes federales americanas.
Los recursos que puede usar la defensa
En el sistema federal de ese país esos medios son concretos: recursos de habeas corpus ante cortes de distrito, apelaciones ante los circuitos correspondientes y, en casos de litigio prolongado, petición de certiorari ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
El certiorari es el recurso mediante el cual una parte solicita a la Suprema Corte de Estados Unidos que revise una decisión de un tribunal inferior, con la particularidad de que ese tribunal tiene discreción absoluta para admitirlo o rechazarlo, y en la práctica acepta menos del dos por ciento de las peticiones que recibe.
Antes del fallo del 24 de febrero, la defensa sostenía que una suspensión definitiva vinculada al amparo en revisión 435/2025 impedía ejecutar la detención provisional con fines de extradición, argumento que sustentó el comunicado de su abogado Javier Coello Zuarth.
Con la revocación de ese amparo por la SCJN, la suspensión cayó automáticamente al desaparecer el juicio principal que la sustentaba, lo que elimina el escudo procesal que la defensa invocaba en México para frenar la ejecución de la orden de captura.
Lo que sí permanece activo es el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito promovido contra la segunda orden de aprehensión, la emitida en febrero de 2024, que involucra también a la esposa, el hermano, la madre y la cuñada del exgobernador.
Los precedentes de exfuncionarios mexicanos en procesos similares muestran que los tiempos rara vez se cumplen en su límite inferior y que la estrategia de litigio activo puede sostener la situación de libertad durante periodos prolongados.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue detenido en Miami en julio de 2020 y extraditado a México en junio de 2022, casi dos años después, tras extender pruebas reiteradamente ante una jueza federal del Distrito Sur de Florida y agotar un recurso de habeas corpus.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue detenido en Florencia en abril de 2017 y extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, un año después, tras agotar recursos en los tribunales italianos donde México y Washington disputaban la prioridad de la entrega.
El rango total estimado para un proceso con litigio activo oscila entre doce y veinticuatro meses desde la detención provisional, plazo que en el caso de Cabeza de Vaca no ha comenzado a correr porque esa detención aún no se ha producido.
Argumentos que ya no tienen peso
El argumento de la doble nacionalidad, uno de los primeros recursos que la defensa exploró como escudo en el plano americano, perdió sustento por un documento que el propio exgobernador suscribió y presentó ante el INE en 2024 cuando buscaba una curul plurinominal del PAN.
Ese documento acredita que García Cabeza de Vaca tramitó desde 2001 un Certificado de Nacionalidad Mexicana con renuncia expresa a la ciudadanía estadounidense, y el tratado bilateral de 1978 establece que la doble nacionalidad no constituye impedimento para la entrega.
El expediente acumula además un antecedente que pesa sobre el caso: el Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó en febrero de 2026 al juez Juan Fernando Alvarado López, de Reynosa, por conceder amparos que paralizaron al menos dos órdenes de captura en un patrón que la autoridad calificó de irregular.
La decisión final sobre si Washington activa el proceso no corresponde a ningún tribunal sino al Ejecutivo estadounidense, el único facultado para ordenar al Departamento de Justicia iniciar el trámite de detención y el único que puede mantenerlo congelado si así lo determina.
La solicitud mexicana espera respuesta en Washington, la detención provisional no se ha ejecutado y el siguiente paso del proceso no depende de México.
