Por. Pedro Alfonso García
En Tamaulipas el tiempo vuela rumbo a 2028, y aunque la sucesión aún se ve distante, estamos montados sobre un escenario político que no se parece a ningún proceso anterior del estado. Por lo menos no hay registros de una historia como la que vivimos ahora en los últimos cincuenta años.
A dos años de distancia de la sucesión, la paridad empuja a que la gubernatura sea encabezada por una mujer, en circunstancias que tendrán un gran peso: el proceso llega sin López Obrador en el mapa político formal y con Morena en disputa interna por el control del aparato nacional.
Ese marco ya acota el tablero local, pero el contexto real se define fuera del estado, y aunque sea difícil aceptarlo, la relación bilateral con Washington será un factor definitorio en las elecciones de 2027 y 2028. Una compleja vecindad con un país gobernado por un tipo sin límites marca el paisaje político.
Donald Trump presiona desde enero, la Casa Blanca pide al gobierno mexicano actuar legalmente contra políticos ligados al crimen organizado, y la hegemonía de Morena obliga a volver la mirada hacia quienes gobiernan o pretenden gobernar los municipios donde la delincuencia organizada domina el territorio.
Frente a esa presión, Claudia Sheinbaum sostiene una narrativa contra la intromisión norteamericana, pero el tema ya está instalado, reaparece cada semana en el ciclo noticioso internacional, en la comunicación entre ambos gobiernos, en cada giro de la presión migratoria y arancelaria que impacta sobre todo en nuestra frontera.
En el fondo, queda bien claro que proceder contra los personajes implicados con la delincuencia le permite a la presidenta barrer también las estructuras que heredó de su antecesor, las mismas que ahora le hacen la guerra desde dentro del movimiento.
Coincide con esa lectura un análisis del The New York Times, diario de referencia para el debate político en Washington, publicado en febrero, donde sostiene que en regiones estratégicas de México los grupos criminales no atacan al Estado, lo comparten con autoridades locales, y eso lo sabemos los tamaulipecos.
El caso Tabasco, y un corredor que desemboca en Tamaulipas, deja en evidencia el entramado de esa red criminal. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, fue detenido en Paraguay, hoy enfrenta cinco cargos en el fuero común, asociación delictuosa, secuestro agravado, extorsión agravada, desaparición forzada y peculado, más una orden federal por delincuencia organizada.
Está recluido en el Altiplano, señalado por la FGR como líder de La Barredora, célula del CJNG dedicada a extorsión a gasolineros y robo de combustible, la suma de penas posibles supera los 200 años.
Sheinbaum no lo blindó, su gabinete de seguridad opera con golpes quirúrgicos contra políticos y criminales involucrados. El mensaje interno no admite lectura doble, ningún operador, por más padrino que cargue, conserva impunidad con expediente abierto.
Ese precedente cae sobre Tamaulipas, plaza fronteriza, con huachicol activo, con cárteles consolidados, con personajes políticos en escrutinio permanente, y con expedientes documentados en México y en Estados Unidos.
Por lo pronto, y en una acción que impactará en el futuro, la presidenta Sheinbaum ya ha tomado el control directo de Morena, con la salida de Luisa María Alcalde y la llegada inminente de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional, respaldada por Citlalli Hernández desde la Comisión de Elecciones.
A esa reconfiguración se suma una regla operativa que pega directo a los aspirantes tamaulipecos, todos deberán renunciar al cargo antes de las encuestas de definición partidista, sin excepciones.
La paradoja del proceso es abierta, y se convierte en dilema operativo para Morena, para el PAN, para cualquier partido que aspire al gobierno estatal: quien trae estructura territorial carga expediente, porque administrar plazas fronterizas obliga a convivir con los actores que controlan el suelo, y esa convivencia deja huella documental, financiera, judicial.
Quien llega con expediente limpio no trae estructura, porque la operación territorial en Tamaulipas se construyó durante décadas, costó vidas y compromisos que un perfil institucional no puede asumir en dos años. El ejercicio del poder en regiones importantes del estado no se explica sin turbias alianzas, esa es la verdad incómoda que ningún partido acepta, pero todos conocen.
Tamaulipas elegirá entre operación y blindaje y esa decisión derrumba quinielas y reordena nombres bajo un filtro ineludible. El proceso apenas asoma, el filtro ya está puesto, y no lo dictan los partidos, lo dicta el contexto.
