Por. Dora de la Cruz
El modelo de los programas sociales del ex Presidente, Andrés Manuel López Obrador, corregidos y aumentados ahora con la continuidad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo, que el dinero llegue íntegro a los y las beneficiarias, sin intermediarios; sin embargo, estos programas están siendo manoseados por terceros y, en muchos casos, los recursos en este trayecto no llegan a donde deben llegar.
Existen historias, donde el apoyo, especialmente en el caso de la pensión para adultos mayores, no termina en manos de quien está registrado y considerado por su condición. Personas mayores, que dependen de terceros para cobrar y que lo usan familiares, para gastos personales; situaciones donde el recurso se reparte o se retiene. Y cuando esto está ocurriendo, se desvían los apoyos, el programa pierde todo sentido social, simplemente porque no se logra el objetivo.
Pareciera que existe una resistencia de las autoridades nacionales y locales, que operan los programas, para tomar nota; denuncias y casos documentados, donde el dinero de los adultos mayores, los cobran y se los gastan terceros, es decir, cero supervisión, ni blindaje; casos incluso de funcionarios del Banco de bienestar social que se aprovechan para beneficiarse con el despojo.
Precisamente un caso documentado, pone en revisión la operación de los programas sociales. Las autoridades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, inhabilitó por 10 años a tres funcionarios del Banco de Bienestar, por retirar más de 275 mil pesos de cuentas de usuarios, sin autorización; los ex funcionarios operaban en distintas sucursales, en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México.
Pero no todos los casos terminan en sanciones; bajo el argumento de que todo se resuelve en oficinas centrales, las delegaciones estatales, quedan sin actuar y dejan de intervenir, sin resolver, los casos de irregularidades de que tienen conocimiento.
Las denuncias vía telefónica son burocráticas: los reportes se envían y no hay un seguimiento visible en territorio. Las oficinas locales no auditan, no detienen movimientos, ni inician procedimientos. La respuesta se concentra en la Ciudad de México y, mientras tanto, el dinero de los programas sociales no llegan al o la beneficiaria. Historias de estas, hay muchas que contar.
Hoy por hoy, los programas sociales funcionan como un ingreso básico para muchas familias, como las pensiones para adultos mayores, las becas y apoyos directos a los sectores más vulnerables. Millones de beneficiarios, los reciben como un acto de justicia social, especialmente en regiones históricamente olvidadas, como el caso de las mujeres mayores de 60 años. Pero además estos apoyos van vinculados a un respaldo de la ciudadanía a que también continúen los gobiernos de Morena.
Tampoco se trata de cuestionar la política social, sino la supervisión y atención a las denuncias como acto de justicia para las víctimas. Si hay sanciones, hay una falla que debe atenderse. La garantía no es solo depositar; es asegurar que el recurso permanezca en la cuenta de quien corresponde.
No estamos hablando, de unos cuantos millones que puedan dejarse sin supervisión. El gobierno de Claudia Sheinbaum destina más de un billón de pesos a los Programas para el Bienestar en 2026, con impacto directo en 42.9 millones de derechohabientes en todo el país. Por eso, el control y el seguimiento no pueden minimizarse ni ignorarse.
Los programas sociales necesitan controles efectivos y seguimiento. Sin eso, la transferencia de los recursos públicos deja de cumplir su objetivo.
