Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El contralmirante Fernando Farías Laguna rompió siete meses de silencio en una comisaría de Buenos Aires, donde concedió una entrevista al periodista Ramón Alberto Garza para Código Magenta, publicada el 11 de mayo de 2026 tras dos semanas de detención por la justicia argentina.
Farías Laguna sostiene cinco tesis centrales: es chivo expiatorio del huachicol fiscal, su apellido fue usado como pantalla, el tráfico es operación de Estado, el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo y la Secretaría de Marina bloquea su derecho a la defensa.
La entrevista ancla a Tamaulipas en tres ejes operativos: Tampico como puerto de descarga del contrabando, las aduanas marítimas de Altamira y Tampico bajo control de la Marina, y la línea Houston-Tampico como corredor logístico del esquema documentado por la FGR y la DEA.
Operación de Estado
Farías Laguna ubica el detonante del caso en el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien lo buscó para informarle que existía una red de marinos que protegía el contrabando de combustibles y utilizaba los nombres de los sobrinos del secretario como pantalla institucional.
El contralmirante llevó a Guerrero Alcántar a sentarse con su tío el 29 de mayo de 2024 en la residencia oficial, donde el entonces secretario de Marina recibió los pormenores de los protectores institucionales del huachicol al interior de la dependencia y sus operadores externos.
En los audios difundidos por Aristegui Noticias se escucha al almirante Ojeda Durán expresar disposición a llevar el caso al fiscal Alejandro Gertz Manero, con la opción de remover a los mandos involucrados y enviarlos a otros puestos al interior de la Secretaría de Marina.
Farías Laguna confirma que el acuerdo se cumplió parcialmente, algunos mandos de la Marina fueron removidos tras la denuncia interna, pero algunas semanas más tarde regresaron a sus puestos, paso que dejó intacta la estructura operativa del esquema en puertos y aduanas marítimas.
El 21 de octubre de 2024, la funcionaria de la Fiscalía General de la República, Magaly Janet Nava Ramos, fue asesinada en Manzanillo, Colima, por dos sicarios en motocicleta, patrón que se repetiría tres semanas después con el contralmirante denunciante de la red.
Diecisiete días más tarde, el 8 de noviembre de 2024, Guerrero Alcántar fue asesinado en el puerto de Manzanillo bajo el mismo modus operandi, en lo que Farías Laguna identifica como el punto de quiebre que cambió su vida personal y la de su entorno familiar inmediato.
El contralmirante reveló al entrevistador que fue informado en dos ocasiones de que existía la orden de matarlo, advertencias que coincidieron con la revocación de los amparos que había conseguido con su hermano Manuel para frenar las inminentes órdenes de aprehensión federales.
Chivos expiatorios
La tesis central de Farías Laguna sostiene que ni él ni su hermano operaron la red, sino que su apellido fue utilizado en falso como pantalla, aprovechando el parentesco con el secretario de Marina para facilitar permisos a los verdaderos protectores institucionales del esquema.
Al ser cuestionado sobre el epicentro operativo, el contralmirante señaló al capitán de corbeta Miguel Ángel Solano, alias Capitán Sol o Rey Sol.
Farías Laguna preguntó por qué los marinos, políticos, gasolineros, contratistas, transportistas y concesionarios de muelles que sí lucraron con el huachicol fiscal no enfrentan investigación, lectura que reabre la pregunta sobre quién controla en realidad Altamira y Tampico.
Atribuyó la selección de inculpados a una decisión tomada desde los altos mandos de la Cuarta Transformación, donde alguien habría elegido a los responsables antes del proceso, sin que los expedientes acreditaran la cadena de mando del esquema criminal documentado por la federación.
Sobre el parentesco con Ojeda Durán, el contralmirante explicó que su padre, el almirante Manuel Roberto Farías Gutiérrez, invitó a comer a casa al entonces colega marino Rafael Ojeda, quien conoció ahí a Sandra Laguna, hermana de su madre, con quien posteriormente contrajo matrimonio.
Para deslindarse del nepotismo demandó revisar sus expedientes escolares, alegó que él y su hermano son tercera generación de marinos militares desde su abuelo, y que ambos egresaron de la Heroica Escuela Naval con las mejores calificaciones de su generación de cadetes.
La conexión Tamaulipas
El contralmirante reconoció que la red de contrabando descargaba combustible en puertos como Ensenada y Tampico, mención que ratifica al puerto tamaulipeco como uno de los dos nodos marítimos centrales del esquema durante el sexenio pasado y el primer tramo del actual periodo presidencial.
Sostiene que el tráfico ilegal de combustibles es una operación de Estado, con participación de distintas secretarías y dependencias gubernamentales, marco que incluye a la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas, la Fiscalía General de la República y la Presidencia.
Recuerda que el control de las aduanas fue entregado por Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Marina, decisión que centralizó en esa dependencia las terminales marítimas de Tampico y Altamira, además de las fronterizas tamaulipecas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
La conexión Houston-Tampico, eje logístico documentado por la FGR y la DEA, queda implícita en la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde reside la información comercial y bancaria de los compradores texanos que originaban los embarques de contrabando con destino al Golfo.
El puerto de Tampico ya había sido identificado por Código Magenta en septiembre de 2025 como punto de descarga del buque High Challenge, con bandera de Liberia y registro de aditivos para aceites, cuya carga real fue gasolina contrabandeada desde una refinería en Houston, Texas.
Línea procesal
Sobre la línea procesal, el contralmirante denunció que tanto él como Manuel nunca fueron citados a declarar, supieron de la orden de captura por terceros y se enteraron de que les aplicarían la prisión preventiva oficiosa antes de conocer los términos formales de la acusación en su contra.
Los amparos que ambos hermanos consiguieron para frenar las detenciones fueron revocados sin audiencia previa, y el contralmirante asegura que no existía autoridad judicial dispuesta a escucharlos, lectura con la que sustenta su afirmación de que el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo.
La expedición de la ficha roja de Interpol, solicitada por la nueva fiscal general Ernestina Godoy, operó como banderazo de su huida a Argentina, ya que evidenciaba el agotamiento de las vías judiciales internas para acreditar inocencia o, al menos, acceso a defensa adecuada.
Su hermano Manuel no compartió la decisión de salir del país bajo el argumento de que nada tenían que esconder, se presentó voluntariamente a declarar y en esa primera audiencia fue detenido y trasladado al penal federal del Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva oficiosa.
Manuel Roberto Farías Laguna ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum desde el penal del Altiplano para solicitar su intervención en el caso, sin que existan reportes públicos de respuesta oficial al respecto en los siete meses transcurridos desde su detención de septiembre.
Defensa patrimonial
Sobre el patrimonio que la FGR califica como inexplicable, el contralmirante respondió que se trata de ahorros acumulados durante más de 30 años de servicio en la Marina, periodo en el que ambos hermanos escalaron jerarquías y devengaron sueldos institucionales con sus respectivas compensaciones.
Una parte de esos recursos provendría de los dos años que ejerció como agregado naval en España, encargo diplomático con sueldo mensual de 18 mil dólares, ingresos que se sumaron al esquema de ahorro y a las prestaciones del Servicio Exterior Mexicano vinculadas al cargo.
Sobre los depósitos recurrentes de 8 millones de pesos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, Farías Laguna argumentó que no son acumulativos sino el mismo ahorro renovado cada mes en distintos instrumentos para obtener rendimientos, no nuevos ingresos por mes calendario.
Solicitó la realización de un Pericial Financiero Forense para que se aclare tanto el monto real como el origen de los recursos, herramienta técnica con la que pretende contrarrestar el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que sustenta la acusación por enriquecimiento ilícito
La FGR sostiene que el contralmirante realizó depósitos, compras y pagos por más de 56 millones de pesos por encima de sus ingresos oficiales registrados, monto que sirve de base para la imputación por posibles delitos de lavado, corrupción y venta simulada de inmuebles.
La fuga
La huida de México ocurrió en diciembre de 2025, cuando Farías Laguna decidió no esperar el desenlace de las investigaciones tras enterarse por un conocido cercano al poder de que ya les estaban buscando celdas para él y para su hermano en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El contralmirante se hizo de un pasaporte falso bajo el alias Luis Lemus, documento apócrifo con el que abordó vuelos comerciales sin levantar sospechas iniciales en la salida del territorio mexicano ni en su primera escala migratoria en territorio sudamericano del corredor utilizado.
Logró cruzar la estación migratoria de Colombia en su vuelo con destino final a Argentina, paso que considera el punto donde algún sistema de reconocimiento facial en la ventanilla migratoria del aeropuerto de Bogotá pudo alertar a las autoridades argentinas sobre su identidad real.
El 23 de abril de 2026 fue detenido al llegar al aeropuerto de Buenos Aires por la Policía Federal Argentina e Interpol, en una intervención coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional argentino y la Dirección General de Cooperación Internacional, bajo solicitud previa de la FGR.
Desde su detención permanece en una comisaría de Buenos Aires bajo régimen restringido, donde aguarda el inicio del proceso para deslindar culpabilidad o inocencia y donde concedió la entrevista a Código Magenta durante el tiempo de visita semanal autorizado a un familiar o allegado.
Solicitó asilo político al gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que en México no recibirá juicio justo y de que existen amenazas directas contra su vida en caso de ser regresado al país por la vía de la extradición formal entre Estados.
En segundo plano, ofreció ser extraditado a Estados Unidos para solicitar asilo allá, ruta que abriría declaraciones bajo jurisdicción estadounidense sobre la conexión Houston-Tampico y la participación de empresarios y operadores texanos en la cadena de suministro del contrabando hacia México.
La FGR prepara la solicitud formal de extradición tras el rechazo del gobierno de Javier Milei a deportarlo por su petición de asilo, basada en la falta de garantías procesales en México y en el riesgo documentado contra la vida de los implicados que han colaborado con las investigaciones.
