Por. Josué Sánchez Nieto
Desde hace tiempo dejamos de considerar a los vehículos todo terreno, cuatrimotos y los llamados “razers” como simples herramientas de trabajo o medios de recreación; en la actualidad, forman parte de una realidad mucho más compleja que involucra temas de movilidad, turismo, actividad económica, protección ambiental e, inclusive, de seguridad pública.
Lamentablemente, en las últimas semanas Tamaulipas ha sido escenario de diversos accidentes relacionados con este tipo de vehículos, particularmente en las playas de nuestro estado.
En el caso más reciente y doloroso, un menor perdió la vida después de ser atropellado por uno de estos vehículos mientras se encontraba con su familia a la orilla del mar.
Sin duda alguna, esta tragedia nos obliga a formularnos algunas preguntas incómodas: ¿hasta qué punto hemos normalizado situaciones de riesgo? ¿Estamos actuando demasiado tarde frente a un fenómeno que creció más rápido que nuestras normas?
Y es importante precisar algo desde el inicio: el problema no son los vehículos, ni las personas que disfrutan utilizarlos. Sería un grave error caer en la descalificación fácil o convertir una afición legítima en otro estigma social, como los cientos que ya tenemos.
Innegablemente este tipo de vehículos cumplen funciones importantes en actividades agrícolas, ganaderas, turísticas y recreativas; además, existe toda una comunidad de usuarios responsables que utilizan estos vehículos con disciplina y respeto.
Sin embargo, una actividad legítima también requiere reglas claras cuando comienza a generar consecuencias colectivas.
Y tenemos que poner las cartas claras sobre la mesa: este debate ya no puede, ni debe limitarse únicamente a los accidentes.
Desde hace tiempo diversas voces han señalado los efectos ambientales que el uso de este tipo de vehículos puede generar cuando ingresan sin regulación a áreas naturales, dunas costeras y zonas ecológicas sensibles.
El deterioro de vegetación, la alteración de ecosistemas y los daños provocados por rutas improvisadas han abierto una discusión cada vez más visible sobre los límites entre el aprovechamiento y la conservación.
Y aquí conviene hacer una reflexión importante: en Tamaulipas hemos adquirido una mala costumbre: legislar cuando el problema ya se convirtió en crisis. Pareciera que necesitamos acumular accidentes, daños o tragedias antes de reconocer que una realidad social cambió y que nuestras leyes se han quedado, por decir lo menos, “cortas”.
En este particular caso, otras entidades federativas entendieron esto desde hace tiempo; diversos estados han comenzado a establecer restricciones para circulación en ciertas áreas naturales, delimitación de zonas autorizadas, requisitos para operadores, horarios de uso y medidas obligatorias de seguridad.
Y no lo hicieron para prohibir una actividad o para afectar a quienes practican este tipo de recreación; lo hicieron porque comprendieron que el fenómeno estaba creciendo sin control suficiente.
Regular no significa prohibir. Regular significa ordenar. Significa reconocer que el disfrute de una actividad termina donde comienza el riesgo para terceros. Significa entender que hay espacios compartidos entre familias, turistas, deportistas, comerciantes y personas que simplemente buscan un momento de tranquilidad, los cuales deben ser respetados.
Tal vez sea momento de abrir una discusión seria desde el ámbito legislativo sobre la creación de un marco normativo específico que establezca reglas claras para el uso de estos vehículos: delimitación de áreas permitidas, medidas de seguridad obligatorias, supervisión, sanciones para conductas irresponsables y criterios ambientales para proteger ecosistemas vulnerables.
Porque las leyes no se crean para limitar las libertades de las personas; se crean para hacer posible una convivencia responsable entre ellas.
Y quizá la pregunta ya no sea si necesitamos regular este fenómeno… la verdadera pregunta es que más estamos dispuestos a tolerar —o dejar pasar— para hacerlo.
