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La Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, A.C. demandó que se reconozcan como derechos adquiridos las pensiones que perciben ex trabajadores del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (Banrural) y que se han visto afectadas por la reforma al artículo 127, que limita las pensiones otorgadas al 50% de lo que percibe la presidenta de la República.
En un documento fue suscrito también por las 37 asociaciones regionales que agrupan a los denominados jubilados fideicomisarios en todo el país, advierte que sus pensiones no provienen del erario público de manera directa, sino de un fideicomiso constituido por decreto presidencial.
Señalan que las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, aprobadas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dan sustento normativo a esas percepciones al momento del retiro, por lo que su reducción unilateral constituiría, en su lectura, una vulneración a derechos laborales consolidados.
El posicionamiento distingue entre las pensiones de los ex trabajadores de base —a quienes los firmantes representan— y las llamadas pensiones doradas otorgadas al margen de la normativa institucional. Respecto a estas últimas, la asociación solicita que se auditen y se ajusten a lo que en derecho corresponda, con lo que busca desvincularse del debate sobre excesos en materia de retiro dentro del sector público.
IMPACTO SOBRE ADULTOS MAYORES DE ENTRE 75 Y 100 AÑOS
La asociación describe el recorte como un impacto directo sobre la salud de una población cuya edad oscila entre los 75 y los 100 años. El documento enumera consecuencias concretas: imposibilidad de adquirir medicamentos para enfermedades crónicas y cancelación o postergación de intervenciones quirúrgicas de urgencia. Los firmantes califican estas consecuencias como un costo humano que no puede reducirse a una partida presupuestal.
El texto reclama lo que describe como un señalamiento sistemático desde los micrófonos oficiales, mediante el cual se etiquetaría a los jubilados como conservadores, abusadores del erario o beneficiarios de corrupción. La asociación rechaza esos calificativos y argumenta que Banrural tuvo como mandato institucional el apoyo al sector campesino, el cual identifica como uno de los más vulnerables en la actualidad.
La pregunta que los firmantes dirigen al gobierno federal es si la medida es compatible con el principio de que primero es la gente del pueblo, lema que el propio gobierno ha sostenido como eje de su proyecto. El posicionamiento cuestiona la premisa ética de construir el bienestar de unos sectores a partir del recorte a otros que ya no están en condiciones de reincorporarse al mercado laboral.
ARGUMENTO DE PRECEDENTE GENERACIONAL
El cierre del documento apela a un argumento de precedente: los trabajadores activos de hoy serán los jubilados del mañana, y las normas que hoy se modifiquen para reducir las pensiones de los actuales retirados podrían afectarlos en el futuro. La asociación enmarca su lucha no únicamente como una defensa de sus propias condiciones de vida, sino como una advertencia sobre la erosión de la seguridad jurídica en materia laboral y de seguridad social.
El posicionamiento no anuncia acciones legales específicas, aunque menciona la existencia de derechos reconocidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que sugiere que esa vía permanece abierta. ANEJUB no proporcionó cifras sobre el número total de jubilados afectados ni sobre el monto de las reducciones aplicadas.
