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Expreso-La Razón
Israel Alejandro Valdez Sánchez, representante de la empresa Dalka, enfrenta cargos por falsedad de declaraciones ante tribunal y fraude procesal, luego de que el gobierno de Tamaulipas lo denunció por presentar información falsa en el litigio por un contrato cancelado.
Andrés García Repper, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECC), concedió una entrevista a la periodista Azucena Uresti para desmentir a Valdez Sánchez, quien en apariciones en medios y redes sociales había denunciado persecución, amenazas y parcialidad.
El caso se remonta a un contrato firmado 15 de marzo de 2023 para el suministro de despensas, y que después fue rescindido debido a que, de acuerdo a la autoridad, la empresa no presentó las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento contractual.
El 6 de agosto de ese año, Grupo Empresarial Dalka demandó al Gobierno estatal ante el Tribunal de Justicia Administrativa y reclamó una indemnización por daños y perjuicios.
El 27 de enero de 2025, la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución favorable a la empresa, pero después el Pleno del Tribunal la revocó por unanimidad esa resolución y ordenó reponer el procedimiento.
La empresa promovió posteriormente un juicio de amparo, pero la resolución del Tribunal fue confirmada por instancias federales, lo que derivó en la denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción.
García Repper precisó que la carpeta de investigación no examina si el contrato fue otorgado de forma correcta ni las condiciones en que fue rescindido, ya que ese fondo del asunto corresponde al litigio administrativo que se ventila de forma paralela.
Lo que investiga la fiscalía es una conducta específica declarada ante el tribunal: el empresario afirmó haber entregado en tiempo y forma las pólizas de garantía exigidas como proveedor para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La afianzadora respondió a la investigación que las pólizas no fueron solicitadas el 15 de marzo, fecha que Valdez Sánchez declaró ante el tribunal, sino que la solicitud se realizó hasta el 3 de abril y la entrega ocurrió aproximadamente el 11 de abril.
Esa diferencia de fechas, documentada directamente por la afianzadora, fue la base sobre la que el tribunal revocó su primera sentencia y es también el núcleo de los elementos que la fiscalía presentó ante el juez de control para sustentar los cargos.
Sobre la medida cautelar impuesta a Valdez Sánchez, García Repper rechazó públicamente que se trate de un arraigo y leyó el auto del juez en términos textuales: prohibición de salir de la ciudad sin autorización judicial y justificación correspondiente.
El mismo auto judicial ordena la entrega del pasaporte y la visa al juzgado, medida que el fiscal describió como precaución procesal para garantizar que el imputado permanezca al alcance de la autoridad durante el desarrollo íntegro del proceso penal.
García Repper subrayó que el arraigo es en el derecho penal una figura equiparable a la prisión domiciliaria, y que en este caso Valdez Sánchez puede circular con libertad dentro de Ciudad Victoria sin ninguna restricción para sus actividades cotidianas.
Si Valdez Sánchez desea salir de Ciudad Victoria, debe solicitarlo formalmente al juez y justificar el motivo, como sería visitar a su familia en otro municipio o estado, y la autorización depende en exclusiva de la resolución del juzgado, no de la fiscalía.
García Repper explicó que la restricción de movilidad es la medida cautelar que aplican los jueces cuando una persona enfrenta un proceso penal sin estar sujeta a prisión preventiva, a fin de evitar que el imputado abandone la jurisdicción del tribunal.
El fiscal citó como referencia que Tamaulipas ha enfrentado casos en que personas sujetas a proceso se trasladaron a Estados Unidos, lo que complica de forma considerable su reincorporación al sistema jurídico mexicano y representa un obstáculo procesal.
Respecto a las declaraciones públicas de Valdez Sánchez sobre presuntas amenazas y la mención al secretario de Legalidad de la Secretaría General de Gobierno, García Repper indicó que esos hechos no obran en ninguna carpeta de investigación de la fiscalía.
El fiscal informó que el juez ya dio vista a la Fiscalía General de Justicia sobre el presunto delito de amenazas referido por Valdez Sánchez en medios de comunicación, y aclaró que esa instancia es distinta a la Fiscalía Anticorrupción que él encabeza.
García Repper ofreció medidas de protección a Valdez Sánchez en caso de que considere amenazada su integridad física, e indicó que no sería la primera vez que la fiscalía otorga ese resguardo a personas involucradas en controversias de esta naturaleza jurídica.
El caso se encuentra en la etapa ante el juez de control, instancia que debe revisar si los elementos de la carpeta son suficientes para que la causa avance a juicio oral ante un juez de la causa, de acuerdo con el procedimiento penal acusatorio vigente.
García Repper informó que fue el propio Valdez Sánchez quien solicitó una prórroga durante la audiencia ante el juez de control, lo que postergó la reanudación del procedimiento en el que se definirá si la causa procede formalmente a la siguiente etapa penal.
Lo que resuelva el juez de control sobre las presuntas falsedades de declaraciones ante el tribunal tendrá incidencia directa en el litigio administrativo que Valdez Sánchez mantiene con el gobierno de Tamaulipas por el contrato de Dalka que le fue rescindido.
