Por Cynthia Gallardo
La Razón
Luego de que en menos de 24 horas se registraran dos amenazas relacionadas con planteles educativos de Tampico, el presidente de la comisión de educación en el cabildo, Rogelio Pérez Lara, consideró necesario que la legislación contemple sanciones para los padres de familia cuando los responsables de estos actos sean estudiantes.
El regidor señaló que este tipo de amenazas generan temor entre la comunidad escolar y obligan a movilizar importantes recursos humanos y materiales de corporaciones de seguridad y auxilio, por lo que estimó que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los menores involucrados.
“Definitivamente esto tiene que ser desde la legislación estatal para cambiar leyes o algo que pueda sancionar a padres de familia también. ¿Tendría que haber responsabilidad hacia los papás? Yo creo que sí, independientemente de que digan: «son muchachos, están en la edad». Que los papás también se lo tomen en serio”, expresó.
Pérez Lara indicó que las amenazas de atentado o de bomba han provocado preocupación entre alumnos, maestros y padres de familia, por lo que insistió en que cualquier reporte debe ser atendido de manera inmediata y conforme a los protocolos establecidos.
“Ya estamos todos paranoicos. La recomendación es que tomemos con seriedad cualquier situación. Cualquier cosa hay que tomarla con seriedad y activar los protocolos. No hay que dejarlo pasar o creer que es una broma; como autoridades deben tomarlo con seriedad”.
Las declaraciones del regidor se producen luego de la movilización registrada la mañana de este jueves en la Secundaria Técnica Número 52 Jesús Elías Piña, donde una amenaza reportada a los números de emergencia provocó la intervención de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre éstas elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El presidente de la comisión de educación dijo que tanto la Secretaría de Educación de Tamaulipas como el Ayuntamiento de Tampico trabajan en acciones preventivas orientadas a fortalecer la seguridad en los centros escolares y evitar situaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
