Por Staff
Expreso-La Razón
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó pérdidas económicas por 671 millones 734 mil 562 pesos derivadas de conexiones ilegales de energía eléctrica, conocidas como “diablitos”, en los municipios del centro y sur de Tamaulipas durante un periodo de seis años.
La cifra corresponde a la estimación de energía consumida y no facturada por la empresa productiva del Estado en el periodo comprendido entre 2019 y 2024 y no incluye multas administrativas, ya que la CFE carece de facultades como autoridad sancionadora para imponerlas, según se detalla en los propios reportes de la comisión.
El desglose anual de la afectación económica reportada muestra un comportamiento irregular a lo largo del periodo. En 2019 la pérdida ascendió a 142 millones 682 mil 318 pesos con 27 centavos; en 2020 se ubicó en 159 millones 866 mil 396 pesos con 72 centavos; en 2021 alcanzó su punto más alto, con 167 millones 270 mil 367 pesos con 8 centavos. A partir de 2022 la cifra registró una caída sostenida: 72 millones 859 mil 829 pesos con 85 centavos ese año, 59 millones 886 mil 497 pesos con 11 centavos en 2023, y 69 millones 169 mil 153 pesos con 15 centavos en 2024.
Los reportes de la CFE precisan que, aunque los encabezados de las tablas oficiales consignan las cifras bajo la leyenda “Unidades en millones de pesos” (MDP), los montos detallados corresponden en realidad a pesos con centavos, toda vez que una lectura literal en millones excedería la escala lógica del consumo regional reportado.
De acuerdo con el desglose municipal, cinco demarcaciones concentran la mayor parte de la afectación económica acumulada entre 2019 y 2024. Altamira encabeza la lista con 273 millones 816 mil 870 pesos con 21 centavos, seguido de Tampico con 168 millones 800 mil 443 pesos con 88 centavos y Ciudad Madero con 77 millones 739 mil 85 pesos con 75 centavos. González registra 43 millones 693 mil 783 pesos con 27 centavos, y Victoria cierra el grupo de los cinco municipios con mayor impacto económico con 42 millones 876 mil 42 pesos con 18 centavos.
El resto de los municipios reportados por la CFE presenta montos acumulados considerablemente menores. Mante suma 26 millones 493 mil 590 pesos con 24 centavos; Xicoténcatl, 7 millones 836 mil 205 pesos; Soto la Marina, 7 millones 403 mil 244 pesos con 89 centavos; Aldama, 4 millones 625 mil 525 pesos con 13 centavos; Burgos, 2 millones 921 mil 519 pesos con 85 centavos; Ocampo, 2 millones 850 mil 530 pesos con 10 centavos, y Abasolo, 2 millones 277 mil 123 pesos con 31 centavos.
En un tercer nivel se ubican Gómez Farías, con 2 millones 39 mil 730 pesos; Jiménez, con 1 millón 690 mil 251 pesos con 66 centavos; Nuevo Morelos, con 1 millón 322 mil 984 pesos con 69 centavos; Antiguo Morelos, con 1 millón 319 mil 188 pesos con 60 centavos, y Tula, con 1 millón 277 mil 385 pesos con 38 centavos.
Los montos más bajos corresponden a Llera, Hidalgo, Manuel, Jaumave, Güémez, Miquihuana, San Nicolás, Cruillas, Villagrán y Palmillas, municipios cuya afectación acumulada en el periodo no rebasa los 601 mil pesos en ningún caso, y desciende hasta los 23 mil 772 pesos con 74 centavos reportados para Palmillas.
Más de 30 mil conexiones ilegales
Los reportes de la CFE contabilizan 30 mil 813 conexiones ilegales detectadas en Tamaulipas, sin considerar la franja fronteriza, durante el periodo 2019-2024. El número de detecciones anuales fue de 5 mil 813 en 2019, 5 mil 807 en 2020 y 7 mil 160 en 2021, año en que se registró el mayor volumen de hallazgos. La cifra descendió a 4 mil 420 en 2022, a 3 mil 478 en 2023, y repuntó a 4 mil 135 en 2024.
Los municipios con mayor número de conexiones ilegales detectadas coinciden con los de mayor pérdida económica. Altamira acumula 9 mil 768 conexiones irregulares en el periodo, Tampico registra 4 mil 445, y Ciudad Victoria suma 2 mil 101.
En cuanto a los responsables de estas conexiones, la CFE documentó 18 mil 621 personas físicas o morales infractoras entre 2019 y 2024. El comportamiento anual fue de 2 mil 941 infractores en 2019, 4 mil 184 en 2020 y 5 mil 192 en 2021, año en que también se registró el mayor número de usuarios sancionados con corte de suministro. La cifra bajó a 2 mil 466 en 2022, a mil 595 en 2023, y se ubicó en 2 mil 243 en 2024.
Los documentos consultados por esta Casa Editorial no contienen cifras sobre multas o sanciones administrativas impuestas a los infractores, debido a que la CFE carece de atribuciones como autoridad sancionadora. Su función, según se establece en los propios reportes, se limita a determinar la energía consumida no facturada y a suspender el servicio, mientras que la imposición de sanciones económicas o administrativas corresponde a otras autoridades competentes, cuyos nombres no se especifican en la documentación revisada.
Suspensión del servicio y cobro retroactivo
El término “diablito” no cuenta con una definición técnica oficial dentro de la normatividad de la CFE, que clasifica esta práctica como “uso indebido de la energía”. De acuerdo con el procedimiento descrito en los reportes, el área de Medición de la Coordinación de Distribución es la instancia encargada de investigar este tipo de anomalías.
Una vez detectada una conexión irregular, ya sea de manera evidente a simple vista o mediante tecnología especializada, el personal de la CFE documenta el hallazgo y registra el consumo eléctrico al momento de la inspección. Posteriormente se notifica al usuario sobre el uso indebido encontrado, se le muestran las evidencias recabadas y se procede a la suspensión inmediata del suministro eléctrico.
La comisión realiza además un cálculo de la energía consumida que no fue registrada ni pagada a consecuencia de la alteración. El monto resultante debe ser cubierto por el usuario en un Centro de Atención al Cliente para poder restablecer el servicio.
Los reportes precisan que el personal encargado de la toma de lecturas en los medidores no realiza revisiones técnicas de fondo, aunque está facultado para reportar anomalías visibles a simple vista. Tras ese reporte inicial, corresponde al área de Medición acudir al domicilio señalado para realizar la inspección formal.
La CFE reiteró que su actuación se circunscribe a la recuperación económica del valor de la energía sustraída, mientras que cualquier sanción adicional queda fuera de su ámbito de competencia y corresponde al sistema legal o administrativo externo a la empresa.
La dependencia mantiene habilitados dos canales para que la ciudadanía reporte irregularidades relacionadas con el robo de energía eléctrica: la línea telefónica 071 y la atención presencial en cualquier Centro de Atención al Cliente de la CFE.
