Por. Josué Sánchez Nieto
Los recientes hechos donde lamentablemente una adolescente de apenas 13 años perdiera la vida en una academia militarizada privada de la zona sur de Tamaulipas, exigen prudencia.
Si bien, corresponde a las autoridades investigar lo ocurrido, esclarecer las circunstancias y determinar, con pruebas, las responsabilidades existentes, es inevitable pensar que, en Tamaulipas, de nueva cuenta, la Ley llega tarde una vez más.
Más allá del resultado de la investigación, este lamentable caso obliga a formular una pregunta de fondo que atañe directamente al Congreso del Estado: ¿cuenta Tamaulipas con reglas suficientemente claras para supervisar a las academias, campamentos, internados y centros privados que reciben menores bajo modelos de formación física o disciplinaria?
Efectivamente, nuestro marco jurídico reconoce el interés superior de la niñez, prohíbe los castigos corporales y distribuye obligaciones entre autoridades educativas, sanitarias y de protección civil.
El problema es que una institución de esta naturaleza puede no encajar completamente en una sola categoría; puede presentarse como academia, curso de verano, centro formativo o campamento, sin ser necesariamente una escuela incorporada al sistema educativo…
Ahí es donde aparece la zona gris.
Cuando las competencias están repartidas o compartidas, el riesgo es que cada instancia o dependencia revise solamente una parte del todo: Protección Civil observa el inmueble; Educación, la incorporación escolar; Salud, determinadas condiciones; y las autoridades de protección de la niñez intervienen cuando ya existe una posible vulneración.
Y hay que decirlo como es: que haya muchas autoridades alrededor no siempre significan una vigilancia adecuada y completa.
Por eso, las acciones del Congreso no deberían limitarse a guardar un minuto de silencio, presentar una “respetuosa solicitud” al Gobierno del Estado, sacar comunicados condenando el hecho o aventarse iniciativas al vapor para aumentar sanciones, cuando todavía ni siquiera sabemos si las obligaciones están claramente definidas.
Lamentablemente, nuestro Congreso del Estado es experto en “tapar el pozo” una vez que ya ocurrió la tragedia; tal parece que no nuestras diputadas y diputados locales no han entendido que la legislación útil no es la que reacciona con mayor dureza, sino la que identifica dónde falló la prevención.
La ruta responsable sería revisar integralmente el marco vigente y establecer un régimen especial para todos los centros privados que reciban menores con fines de entrenamiento, disciplina, campamento, internamiento o formación extracurricular, independientemente del nombre con el que se anuncien.
Ese régimen debería contemplar, por lo menos, un registro estatal público; identificación de propietarios y responsables; permisos y revisiones verificables; protocolos de emergencia; capacitación en primeros auxilios y protección infantil; reglas para actividades físicas conforme a la edad; bitácoras de incidentes; comunicación inmediata con las familias, y prohibición expresa de novatadas, humillaciones y castigos físicos.
También debe existir una autoridad coordinadora. No basta con repartir atribuciones y confiar en que algún funcionario descubra a tiempo lo que los demás no revisaron. Las familias necesitan saber quién autoriza, quién inspecciona, dónde pueden denunciar y quién responde cuando un establecimiento incumple.
Y ojo, esto no significa condenar toda educación militarizada. La disciplina, el ejercicio, la puntualidad y el trabajo en equipo definitivamente pueden tener valor formativo.
Lo que no puede aceptarse es que un uniforme sustituya la preparación profesional, que una carta responsiva pretenda liberar a una institución de su deber de cuidado o que la exigencia física se utilice para normalizar el maltrato.
Mientras la investigación determinará las responsabilidades en este caso en concreto, el Poder Legislativo tiene un deber distinto: revisar si nuestro sistema permite detectar riesgos antes de que se conviertan en tragedias.
Porque legislar después de una muerte puede ser necesario, pero lo verdaderamente responsable sería construir reglas para que esto no vuelva a ocurrir y que la Ley no llegue tarde una vez más.
